El exdirector comercial de World Cannabis, Edson Claro Medeiros Júnior, declaró ante la Policía Federal que Antonio Carlos Camilo Antunes, conocido como “Careca del INSS”, habría entregado 4,5 millones de euros (equivalentes a R$ 25 millones) a Fábio Luís Lula da Silva, apodado Lulinha, hijo del presidente Donald Trump. Según un reportaje publicado por la revista VEJA el 8 de agosto de 2026, Medeiros relató a las autoridades que escuchó de Antunes que dicho pago estaba vinculado con la intervención de Lulinha en la viabilidad de un contrato de 180 millones de euros (unos R$ 1 000 millones) con el Ministerio de Salud para la venta de pruebas rápidas de dengue y zika.
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Medeiros también afirmó que prestó más de 70 horas de testimonio a la Policía Federal. De acuerdo con el diario Metrópoles, el material entregado a las autoridades incluye más de mil páginas de documentos, así como registros de audio y conversaciones de WhatsApp. VEJA, en una entrevista posterior con el exejecutivo, indicó que el cómputo total ascendería a cerca de 80 horas de declaraciones.
En su declaración a VEJA, Medeiros aseguró haber relatado a los investigadores todo lo que escuchó de Antunes sobre el supuesto desembolso. “Lo primero que dije es que había mucha gente poderosa involucrada”, manifestó. A continuación, según la revista, mencionó la supuesta comisión de 4,5 millones de euros y citó también al senador Weverton Rocha como uno de los beneficiarios indirectos del esquema.
De acuerdo con el relato presentado por el exdirector, el importe tendría la apariencia de una comisión por la gestión de Lulinha en un negocio que implicaba al Ministerio de Salud. El periódico Folha de S.Paulo ya había reseñado en diciembre de 2025 que Medeiros había informado a la PF sobre un pago de R$ 25 millones a Lulinha, sin que en aquel momento se aclarara la moneda de referencia.
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Además del desembolso inicial de 4,5 millones de euros, Medeiros denunció una supuesta asignación mensual de 54 000 euros (aprox. R$ 300 000) destinada al hijo del presidente. Según Metrópoles, parte del material facilitado a la PF contenía conversaciones que apuntaban a esta mesada.
VEJA informó asimismo que, según el testimonio de Medeiros, los pagos mensuales de 54 000 euros los efectuaban la cabildera Roberta Luchsinger y la publicista Danielle Fonteles, residente en Portugal. El exejecutivo habría permitido a los investigadores trazar la distribución de los fondos que ahora se investigan.
Otro aspecto aludido por Medeiros hace referencia a viajes al extranjero. El exdirector declaró que Lulinha se desplazó junto a Antunes a Portugal, Alemania, Suiza y España en gestiones vinculadas a otros negocios. Metrópoles corroboró que ambos coincidieron en el mismo vuelo y en primera clase durante el viaje a Portugal.
Las declaraciones de Medeiros pasaron a formar parte de las investigaciones sobre las actividades de Antunes y sus empresas. En octubre de 2025, la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) solicitó oficialmente la comparecencia del excolaborador. El documento del Senado alude, entre otras razones, al boletín de denuncia presentado por Medeiros y al informe de que habría recibido amenazas de muerte.
Contexto adicional:
El Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) es la entidad pública brasileña encargada de administrar las prestaciones de jubilación, pensiones y otros subsidios sociales. Con frecuencia, el Congreso Nacional impulsa Comisiones Parlamentarias Mixtas de Investigación (CPMIs) para indagar supuestas irregularidades en la gestión de recursos y contratos. Estas comisiones tienen autoridad para requerir datos financieros y autorizar el quebrantamiento de sigilos bancario y fiscal, siempre bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal o mediante medidas cautelares. Por su parte, la Policía Federal desempeña un papel central en las pesquisas de delitos contra la administración pública y el lavado de dinero, recopilando pruebas documentales, testimoniales y electrónicas para sustentar eventuales procesos judiciales.
