El pasado domingo (9), dos niñas fueron encontradas muertas dentro de un coche en Ciudad Dutra, en la zona sur de São Paulo. Lo que ha causado estupor en la opinión pública es que el padre de las menores, Breno de Souza Castro, de 24 años, confesó haber cometido el crimen contra sus propias hijas, Laís Heloísa, de 5 años, e Ísis Helena, de 3. La investigación preliminar apunta a que la causa de la muerte fue asfixia.
El Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo continúa realizando una serie de exámenes forenses para determinar si las niñas sufrieron algún otro tipo de agresión antes de fallecer. Entre las hipótesis que se analizan, figura la posibilidad de violencia de carácter sexual, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial. Los laudos periciales aún se están procesando y su conclusión será el elemento clave para esclarecer de forma definitiva las circunstancias de este trágico suceso.
Según consta en el boletín de ocurrencia, Breno ya venía amenazando tanto a su ex-compañera como a sus propias hijas antes de consumar el crimen. De acuerdo con la declaración de la madre de las niñas, de 20 años, el agresor le dijo que esa sería “la última vez” que ella las vería con vida. Breno se entregó voluntariamente en una comisaría tras confesar que había asfixiado a sus hijas. Fue detenido en flagrante delito y permanece a disposición de las autoridades.
La policía sostiene que el móvil del crimen fue el deseo de provocar sufrimiento y castigar a la ex-pareja, una conducta calificada legalmente como vicaricidio. Este delito está tipificado en el Código Penal brasileño como la privación de la vida de un descendiente con la intención de infligir daño moral a otra persona, en este caso la madre. La pena prevista para el vicaricidio puede alcanzar hasta 40 años de prisión, según la gravedad de los hechos y los agravantes que se acrediten en el proceso judicial.
El IML, órgano pericial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasil, tiene la responsabilidad de practicar las necropsias y emitir los laudos que determinen las causas de la muerte, el tipo de lesión y cualquier indicio de abuso previo. Este instituto sigue protocolos estrictos: además de la autopsia, incluye exámenes toxicológicos, biológicos y, en caso de sospecha de agresión sexual, análisis específicos de tejidos y fluidos. El resultado de estos procedimientos será incorporado al informe definitivo que sustente la investigación criminal.
En Brasil, el boletín de ocurrencia es un documento oficial que registra la primera versión de los hechos denunciados. Sirve de base para el inicio de la investigación policial y para la recolección de pruebas. Una vez concluido, el oficio policial es remitido al Ministerio Público, que evaluará la acusación y requerirá las diligencias necesarias, incluida la pericia de balística, de consistir, así como la declaración de testigos.
El caso de Laís y de Ísis se enmarca dentro de un contexto de alto impacto social, dado el grado de violencia ejercida contra menores y la particular crueldad del delito. Las autoridades mantienen abierta la investigación para descartar cualquier omisión o complicidad de terceros, así como para garantizar los derechos de la familia de las víctimas. Hasta la fecha, no se han identificado otras personas implicadas.
Se prevé que, una vez que los laudos del IML sean entregados y evaluados, el juez competente fije la audiencia de formulación de cargos contra el acusado. La defensa de Breno de Souza Castro tendrá la oportunidad de presentar sus alegaciones y, posteriormente, se convocará el juicio oral, donde serán citados peritos, testigos y representantes del Ministerio Público para reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad penal del procesado.
