El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, autorizó la apertura de un inquérito para investigar el empresario Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, por presunto tráfico de influencia y corrupción. Mendonça fue designado relator del caso tras un sorteo interno de la Corte y atendió a un pedido presentado por la Policía Federal (PF) para profundizar las pesquisas en torno al vínculo de Lulinha con el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, alias “Careca do INSS”, y su supuesta actuación para favorecerlo en negociaciones con el Ministerio de Salud.
Según informaciones inicialmente publicadas por Folha de S.Paulo y luego confirmadas por el portal g1, la PF sospecha que Lulinha habría intervenido en gestiones a favor de Camilo Antunes, quien es investigado en la llamada Operación Sin Descuento. Este operativo federal indaga un esquema de fraudes y desvío de recursos en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), especialmente en el otorgamiento irregular de jubilaciones y pensiones. En ese contexto, la defensa de la PF sostiene que el empresario pudo usar su relación con la Presidencia de la República para facilitar el acceso del lobista a autoridades del Ministerio de Salud.
La indagación se centra en un posible contrato millonario entre Camilo Antunes y esa cartera pública, para el suministro de medicamentos a base de canabidiol. Aunque el pacto nunca llegó a formalizarse, se investiga si Lulinha actuó como intermediario en la búsqueda de recursos o contactos con funcionarios. El lobista, por su parte, había contratado a la empresaria Roberta Luchsinger para prospectar oportunidades de negocio para la compañía World Cannabis, de la cual era socio y principal representante.
La defensa de Lulinha rechazó cualquier irregularidad y calificó las nuevas diligencias como una “pesca probatoria”. El abogado Marco Aurélio de Carvalho afirmó que, en la investigación precedente sobre supuestas fraudes en el INSS, la Policía Federal no halló elementos que lo implicasen y que este nuevo inquérito no debería interpretarse como indicio de culpabilidad. Asimismo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado negando haber establecido contratos con World Cannabis o con los accionistas vinculados, y aseguró que no se realizó ninguna transferencia de recursos públicos en esa dirección.
Por su parte, Roberta Luchsinger negó rotundamente las acusaciones que apuntan a cualquier pago o beneficio a Lulinha, y su defensa ha solicitado preservar el secreto de las fuentes y documentos del proceso. Hasta ahora, las autoridades han mantenido bajo sigilo los detalles de la investigación para evitar interferencias en las diligencias y garantizar la integridad de futuros testimonios.
De acuerdo con el Código Penal brasileño, el tráfico de influencia se configura cuando un individuo se vale de su posición o relaciones para lograr prebendas en el ámbito público, mediando favores ante autoridades que ejercen funciones administrativas o judiciales. En este caso, la apertura de inquérito por parte del STF sigue el rito especial previsto para autoridades federales y requiere la intervención de la Corte Suprema, tanto por el cargo de Mendonça como relator, como por la eventual vinculación de la Presidencia de la República.
La Policía Federal, responsable de la recolección de pruebas, cuenta con atribuciones para solicitar medidas cautelares —como la quebra de sigilos bancario, fiscal o telemático— siempre con autorización judicial. En diversos casos recientes, el STF ha avalado peticiones semejantes para avanzar en pesquisas complejas que involucran a figuras con prerrogativas de foro por su función pública.
Este nuevo inquérito marca el inicio formal de un procedimiento que, en la práctica, puede tardar varios meses en reunir evidencias suficientes. Hasta que concluya la fase de recolección de información y la eventual presentación de acusaciones formales, no existe determinación judicial que señale la responsabilidad penal de los investigados. Por el momento, la condición de Lulinha y de otros involucrados es la de meros investigados, sujetos a las garantías del debido proceso y a la presunción de inocencia.
