El concejal y precandidato a diputado federal Leniel Borel, padre de Henry Borel, declaró que su hijo fue “asesinado por tercera vez” tras la Justicia de Río de Janeiro conceder perdón judicial a Monique Medeiros, madre de Henry. La decisión se inscribió en el mismo fallo que también condenó al exconsejal Jairo Souza Santos Júnior, conocido como Dr. Jairinho, por la muerte del menor.
En una entrevista a nuestra columna, Leniel Borel expresó que la resolución del tribunal volvió a reavivar el sufrimiento que la familia arrastra desde marzo de 2021, fecha en la que se produjo el fallecimiento de Henry en un domicilio de la zona de Jacarepaguá. “Mi hijo fue asesinado por tercera vez”, subrayó el concejal, frase que, según él, ya había pronunciado con anterioridad al referirse a las etapas procesales previas. Con ello aludía, en primer lugar, al aplazamiento del juicio en el Tribunal del Júri y, en segundo lugar, a la puesta en libertad de Monique Medeiros tras ser imputada.
Para la familia paterna, el perdón judicial no supone un cierre al caso, sino un nuevo episodio de revictimización. Leniel Borel catalogó la concesión del perdón como un “escarnio” contra los derechos de la víctima, y anunció que recurrirá la medida ante instancias superiores de la Justicia brasileña. Este recurso busca anular el perdón judicial en base a la interpretación del Código Penal y la súplica de daños irreparables al honor y memoria de Henry.
El perdón judicial es un instituto contemplado en el Código Penal brasileño, específicamente en el artículo 121, apartado 4, inciso II, que autoriza al juez a eximir de pena al condenado cuando las consecuencias del delito afectan intensamente al propio autor del hecho, haciendo innecesaria una sanción adicional. Aunque no borra la existencia del delito, impide la imposición de una pena efectiva. En el caso de Monique Medeiros, el tribunal consideró que el impacto psicosocial y emocional derivado de la muerte de su hijo justificaba la exención de pena, en línea con la doctrina jurídica que valora las circunstancias subjetivas del autor.
El Tribunal del Júri en Brasil es el órgano encargado de juzgar, de manera colegiada y con jurado popular, los delitos dolosos contra la vida. Su jurisdicción incluye, entre otros, homicidio simple, homicidio doblemente calificado y feminicidio. La participación de jurados pretende dotar de mayor legitimidad democrática a las decisiones que atañen a penas privativas de libertad de larga duración.
Henry Borel falleció el 8 de marzo de 2021, en su residencia de Jacarepaguá, a causa de una hemorragia interna y laceraciones hepáticas. El exconsejal y médico Dr. Jairinho, quien era padrastro del niño, junto con Monique Medeiros, trasladó al menor al hospital bajo la versión de un accidente doméstico. Sin embargo, el Instituto Médico-Legal constató 23 lesiones compatibles con un patrón de violencia física deliberada, lo que apuntó a un episodio de tortura y muerte lenta.
El Dr. Jairinho fue condenado por homicidio doblemente calificado, tortura y coacción de testigos. Actualmente cumple condena en el Complejo Penitenciario de Gericinó, en Río de Janeiro, donde fue aislado a principios de julio tras detectarse en su celda un teléfono móvil, elemento prohibido según las normas carcelarias. Su sentencia contempla varios agravantes, entre los que se incluye la relación de autoridad y tutela que ejercía sobre la víctima.
La repercusión del caso en la opinión pública brasileña generó debates sobre la protección de la infancia y los mecanismos de responsabilidad penal de los familiares y tutores. Organizaciones no gubernamentales especializadas en defensa de los derechos de niños y adolescentes han instado a reformas legislativas para impedir posibles lagunas en el control de custodias parentales.
La familia paterna ha anunciado que continuará las gestiones ante tribunales superiores, como el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro y, eventualmente, el Superior Tribunal de Justicia, con el objetivo de revertir el perdón judicial concedido a Monique Medeiros y buscar un pronunciamiento que restituya el principio de igualdad procesal y el derecho de la víctima a una reparación justa.
Paralelamente, el caso ha sido objeto de seguimiento por parte de la sociedad civil, que reclama transparencia en los procedimientos y mayor celeridad en los fallos de alta complejidad. Este suceso pone de relieve la tensión entre la aplicación técnica del derecho penal y las fuertes emociones que despiertan los crímenes contra menores, un ámbito donde convergen consideraciones jurídicas, psicológicas y sociales.
