El exdiputado federal Eduardo Cunha en rueda de prensa (Foto: Instagram)
El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó el bloqueo de R$ 6,1 millones (aproximadamente 1,1 millones de euros) en bienes de Eduardo Cunha, exdiputado federal por el Republicanos de Minas Gerais. Cunha está siendo investigado por supuestamente haber indicado enmiendas parlamentarias de forma irregular, pese a no ostentar ningún mandato en el momento de los hechos.
La decisión fue firmada el pasado 6 de julio. Ese mismo día, el ministro Dino también congeló más de R$ 119 millones (alrededor de 21,4 millones de euros) en bienes de Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL). Según la Policía Federal, ambos habrían utilizado servidores de la Cámara de los Diputados para direccionar enmiendas sin ejercer oficialmente cargos legislativos.
Las pesquisas revelan que Eduardo Cunha habría intervenido en al menos 29 enmiendas parlamentarias cuya ejecución fue suspendida por orden de Dino. De acuerdo con el informe de la Policía Federal, Mariângela Fialek —conocida como Tuca—, asesora de la Presidencia de la Cámara, habría sido la encargada de operacionalizar el desvío de recursos. La funcionaria también figura en la investigación contra el presidente del PL.
Para fundamentar el bloqueo de los bienes de Cunha, Flávio Dino alude a “diálogos en aplicaciones de mensajería y planillas compartidas” que demuestran la actuación directa de Eduardo Cosentino da Cunha como mandante del redireccionamiento de fondos públicos. “Aunque sin mandato, parece haber intervenido recientemente en la asignación de recursos, especialmente vinculados a su campaña a diputado federal por Minas Gerais”, escribió el magistrado en su decisión.
Los investigadores destacan que las conversaciones halladas en el teléfono de Tuca muestran a Cunha gestionando directamente la indicación de enmiendas formalmente atribuidas al diputado Gilberto Abramo, también del Republicanos de Minas Gerais. Para la Policía Federal, Cunha “coordinaba las operaciones y se comunicaba con Mariângela Fialek, quien organizaba y controlaba las cuotas asignadas a cada legislador”.
El reporte añade que Cunha administraba una suerte de “cuota informal” de recursos, distribuidos de acuerdo con sus intereses políticos en Minas Gerais. A pesar de no contar con cargo público, el exparlamentario se presenta como precandidato a diputado federal por dicho estado.
Según la investigación, se produjeron múltiples cambios de municipios beneficiados y alteraciones en las indicaciones de las enmiendas conforme a las pautas dictadas por Eduardo Cunha. El informe de la PF subraya que “el exdiputado nunca mantuvo vínculo político con el estado de Minas; llegó incluso a mostrar escaso aprecio por las autoridades locales con las que se relacionaba”.
El espacio de PAIPEE se puso a disposición de Cunha para responder a las imputaciones. Hasta la última actualización de esta pieza, el exdiputado no había emitido declaración alguna.
La Policía Federal atribuye a Tuca un rol central en el supuesto esquema: “No fue mera ejecutora ocasional, sino agente activa y consciente, actuando como consultora, facilitadora e implementadora de las demandas de Eduardo Cunha”. El informe indica que ella ajustaba y operacionalizaba las enmiendas según las instrucciones del exdiputado.
Además, existen indicios de que la actuación de Tuca contaba con “pleno aval” de la Presidencia de la Cámara, lo que, según los investigadores, revela un alto grado de promiscua interferencia en la denominada “presupuesto secreto”.
Un diálogo de septiembre de 2025 ilustra la dinámica de las operaciones: Cunha reporta un “problema” con una enmienda para el municipio de Manhuaçu y exige dejar claro que el crédito corresponde a Gilberto Abramo. Tuca responde que gestionará el documento con Abramo y, tres días después, recibe la orden directa de Cunha para cambiar el destino de los fondos: “Buen día. Cambiar Manhuaçu por estas para acabar con la confusión”.
La Policía Federal concluye que estas conversaciones refuerzan la sospecha de que múltiples enmiendas parlamentarias fueron formalmente reasignadas para ocultar al verdadero beneficiario. El informe sostiene que Cunha, pese a no ejercer mandato, operaba “como un líder político con poderes equivalentes o superiores a los de legisladores en ejercicio” y que sus acciones habrían causado un perjuicio al erario público al desviar más de R$ 6,1 millones (1,1 millones de euros).
La medida de bloqueo de bienes se enmarca en una investigación más amplia sobre la utilización irregular del llamado “presupuesto secreto” en la Cámara de los Diputados, sistema a través del cual se asignan partidas de manera discrecional a solicitudes de parlamentarios, sin transparencia plena en la distribución de fondos.
