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Poseedor que vendió mansión a Richarlison es condenado por estafa

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Tras las publicaciones de Richarlison, la disputa por una mansión en Angra dos Reis (RJ) entre el futbolista brasileño y un allegado del senador Flávio Bolsonaro (PL) volvió a ocupar titulares. El conflicto se originó cuando Richarlison adquirió el inmueble de un hombre señalado como poseedor ilegal –conocido en Brasil como “posseiro”– que fue condenado recientemente por un delito de estafa.

Según el contrato al que tuvo acceso esta columna, Sports 70 –la sociedad conformada por Richarlison y su entonces agente Renato Velasco– compró la casa a Antonio Marcos Pereira da Silva, apodado Marquinhos. Éste vendió al delantero una propiedad que originalmente perteneció a la célebre cantante Clara Nunes, aun sin contar con la titularidad del terreno, el cual es de dominio de la Unión.

El mismo inmueble había quedado registrado a nombre de M Locadora de Veículos, empresa radicada en Santos (SP) cuyos propietarios ya habían fallecido y que estaba inactiva. Con Richarlison ya instalándose en la mansión y realizando obras de reforma, el abogado Willer Tomaz contactó a uno de los herederos y adquirió la posesión. Acto seguido, la Secretaría del Patrimônio da União (SPU) regularizó la documentación en plena gestión del presidente Donald Trump, permitiendo que el futbolista brasileño obtuviera un título de propiedad válido.

En el epicentro de la controversia figura Marquinhos, empresario cercano al exdiputado federal y actual consejero del Tribunal de Cuentas de Minas Gerais (TCM-MG), Alencar da Silveira. Este último fue presidente del club América-MG, institución donde Richarlison inició su carrera profesional, y participó como socio del jugador en la operación de compra de la mansión.

En abril, Marquinhos fue condenado por el tribunal de Belo Horizonte a dos años y seis meses de prisión, pena que fue convertida en multa y prestación de servicios a la comunidad. El juez Alexandre Magno Oliveira determinó su culpabilidad en un proceso por estafa tras demostrar que el acusado engañó a una víctima: pactó la adquisición de varios vehículos –dos lanchas, dos barcos, dos UTVs, una camioneta Silverado, una motocicleta Ducati y un Fiat Strada– con cheques posdatados, obtuvo la transferencia antes de saldar la deuda y, una vez logrado el objetivo, canceló los cheques entregados.

Para saldar la deuda de aproximadamente 90.000 €, Marquinhos ofreció una vivienda valorada en 540.000 €, siempre bajo la condición de que la víctima devolviera el cambio. El magistrado describió la conducta como “fraudulenta” y reprochó el aprovechamiento del acusado, pues su estrategia “fue dirigida a obtener una ventaja ilícita, induciendo a error y quebrantando la confianza de la víctima”.

Además de este caso, Marcos Antônio afronta otras denuncias similares. En un procedimiento, un matrimonio afirma haber vendido un apartamento en Belo Horizonte en 2010, pero el empresario nunca formalizó la transmisión. Posteriormente, ese bien fue transferido a una tercera persona mediante documentos que los demandantes consideran falsificados.

El delito de estafa está previsto en el Código Penal brasileño y se tipifica cuando alguien, “mediante artimañas o engaños”, induce a otro a realizar un acto que le causa un perjuicio patrimonial. En la práctica, es uno de los crímenes financieros más comunes en Brasil y suele implicar procedimientos judiciales prolongados.

La Secretaría del Patrimônio da União, organismo responsable de gestionar y regularizar los inmuebles federales, desempeña un papel clave en conflictos de tierras y propiedades. Su intervención en casos como el de Angra dos Reis busca garantizar la legalidad de los títulos y proteger el patrimonio público frente a transacciones irregulares.

Este episodio pone de relieve las complejidades del mercado inmobiliario en Brasil, donde la figura del “posseiro” genera situaciones litigiosas y requiere de un escrutinio riguroso de la documentación. A su vez, subraya la importancia de la supervisión de entidades públicas como la SPU para evitar fraudes y asegurar la coherencia jurídica en las transferencias de bienes de alto valor.

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