El Ministerio Público del Distrito Federal y de los Territorios (MPDFT) presentó, el pasado jueves 9 de julio, una acción civil pública contra la influencer Virginia Fonseca y la casa de apuestas Blaze. En dicha demanda, el órgano solicita que ambos sean condenados al pago de una indemnización por daños morales colectivos no inferior a 120 millones de reales (equivalente a aproximadamente 21,6 millones de euros). El proceso será sometido a la consideración del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios (TJDFT).
La acción se fundamenta en el cúmulo de denuncias presentadas por consumidores que adujeron retención de valores depositados, bloqueos de cuentas y respuestas consideradas genéricas por parte de la plataforma Blaze. Un informe técnico, elaborado en el curso de la investigación, recopiló más de 42.000 reclamaciones registradas contra la empresa. Estas pesquisas se iniciaron en 2023, lapso en el cual, según el MPDFT, la casa de apuestas operaba sin la autorización federal exigida por la legislación brasileña para plataformas de juego en línea.
Entre los hechos señalados en la demanda figura una publicación de Virginia Fonseca durante la fase de grupos de la Copa del Mundo. En sus historias de Instagram, la influencer aparecía realizando una supuesta apuesta en el partido entre Cabo Verde y Argentina, sin identificar de forma clara que aquel contenido tenía carácter publicitario. Para el MPDFT, esa omisión podría inducir a sus seguidores a creer que se trataba de una recomendación personal, contraviniendo los principios de transparencia y veracidad establecidos en los códigos de autorregulación publicitaria de Brasil. De hecho, las normas vigentes exigen que los influencers indiquen explícitamente cualquier patrocinio, mediante etiquetas como #publicidad o #patrocinado.
El órgano fiscalizador añade que, tras la victoria de Argentina, Virginia Fonseca habría recibido el 30 % de las pérdidas sufridas por los apostadores captados mediante sus publicaciones. Asimismo, la demanda cita un inquérito de la Policía Civil de Mato Grosso en el que se concluyó que Blaze utilizaba celebridades e influenciadores digitales para atraer usuarios, prometiendo ganancias rápidas y fáciles. Incluso, varios servidores públicos habrían accedido a la plataforma para evaluar las estrategias promocionales aplicadas por la compañía.
Además de la indemnización, el MPDFT exige que Virginia Fonseca y la casa Blaze realicen una campaña educativa de divulgación sobre los riesgos de las apuestas deportivas, el sobreendeudamiento y los derechos de los consumidores. En paralelo, solicita la retirada inmediata de cualquier contenido publicitario en redes sociales que induzca a error, prometa beneficios irreales o emplee técnicas conocidas como dark patterns. Finalmente, el Ministerio Público exige la imposición de una multa diaria de 500.000 reales (equivalente a unos 90.000 euros) en caso de incumplimiento de estas medidas.
El promotor de Justicia Paulo Binicheski, en nota oficial, destacó que la acción no se limita al ámbito publicitario, sino que atiende a un problema de salud pública vinculado a la ludopatía. “Nos enfrentamos a un modelo predatorio de exploración de vulnerabilidades cognitivas, con graves consecuencias financieras y sociales para los consumidores. Esta demanda busca frenar prácticas engañosas y reforzar la protección colectiva”, declaró.
Cabe recordar que, en el seno de la llamada CPI das Bets, instaurada por el Congreso Nacional para investigar presuntas irregularidades en el mercado de apuestas, se presentó previamente un pedido de indiciamiento contra Virginia Fonseca y otros influencers. En aquella ocasión, la creadora de contenido aseguró confiar en la licitud de su actuación y se mostró sorprendida por la iniciativa de la comisión investigadora.
El Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios deberá ahora admitir la demanda y abrir el correspondiente trámite de instrucción, donde se analizarán las pruebas aportadas y se tomarán declaraciones a las partes implicadas. En caso de prosperar la acción civil pública, la resolución podría sentar un precedente en la regulación de la publicidad de apuestas en Brasil y fortalecer los mecanismos de protección al consumidor frente a prácticas engañosas.
