Figura 1. Ministro Alexandre de Moraes en Brasilia durante la articulación de las nuevas fases de la Operación Unha e Carne (Foto: Instagram)
El STF y la Policía Federal (PF) están organizando nuevas etapas de la Operación Unha e Carne, que examina la conexión de agentes públicos con milicias y facciones criminales en el estado de Río de Janeiro. Esta iniciativa judicial forma parte de los esfuerzos del Poder Judicial brasileño para desarticular redes de poder informales que operan tanto dentro como fuera de las instituciones públicas.
Fuentes del Poder Judicial informaron que los próximos objetivos deben ser diputados estatales de Río sospechosos de participar en esos grupos criminales. Se espera que se ejecuten órdenes de registro y detención dirigidas a legisladores de centroderecha, incluidos algunos vinculados al mismo grupo político del senador Flávio Bolsonaro (PL).
Según los investigadores, las nuevas fases de la operación deben afectar a parlamentarios de centroderecha, incluidos algunos ligados al mismo grupo político del senador Flávio Bolsonaro (PL). La investigación la dirige el ministro del STF Alexandre de Moraes en el contexto de la ADPF de las Favelas, que ordenó a la PF investigar la relación de agentes públicos con facciones.
Hasta la fecha, la PF ha realizado seis fases de la operación. La más reciente tuvo lugar el martes 7 de julio, con el exalcalde de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), como objetivo principal. Canella es precandidato al Senado federal. En la semana anterior, durante la quinta fase, la PF cumplió mandatos de búsqueda y apreensión contra el empresario Fernando Trabach Gomes, propietario de una red de estaciones de servicio.
La Operación Unha e Carne comenzó a finales de 2025 con el propósito de investigar un supuesto filtrado de información confidencial sobre operativos policiales contra el Comando Vermelho (CV), una de las facciones más antiguas y con mayor presencia en las favelas de Río de Janeiro. El diputado estadual Rodrigo Bacellar (União), ex presidente de la Asamblea Legislativa del Estado de Río, fue uno de los primeros señalados y se encuentra encarcelado en la Penitenciaría Federal de Brasilia.
Con el avance de las pesquisas, las autoridades ampliaron el foco para incluir no solo vínculos con facciones dedicadas al narcotráfico, sino también con milicias. En el contexto brasileño, las milicias están compuestas con frecuencia por exmiembros de fuerzas de seguridad –policías militares, bomberos o guardias penitenciarios– que se organizan para controlar territorios urbanos, ofrecer “servicios” a la población local y cobrar tarifas irregulares. Estos grupos, diferentes de las facciones puramente dedicadas al tráfico de drogas, aprovechan su formación y acceso a armamento para ejercer un poder paralelo al Estado.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil es la máxima instancia judicial del país, encargada de la interpretación de la Constitución y del control de la constitucionalidad de las leyes. La ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) es un mecanismo constitucional que permite impugnar actos del poder público que supuestamente violen preceptos fundamentales de la Constitución. En este caso, la ADPF de las Favelas autoriza a la PF a investigar cómo agentes estatales interactúan con organizaciones criminales en zonas vulnerables.
Por su parte, la Policía Federal (PF) es una institución federal responsable de investigar delitos contra la Unión, como el narcotráfico transnacional, el terrorismo y la corrupción de altos cargos públicos. Su participación en la Operación Unha e Carne responde a la necesidad de coordinar acciones en varios municipios del estado de Río de Janeiro, donde los recursos de las policías locales a veces se ven superados por la influencia de las milicias y las facciones.
El desarrollo de estas nuevas fases de la operación refleja la complejidad de las redes de poder informal en Brasil y el desafío que supone para las autoridades garantizar la legalidad en el ejercicio de la función pública. A medida que avanzan las diligencias, se esperan más órdenes de detención y registros que podrían involucrar a otros políticos y comerciantes con presuntos vínculos con milicias o facciones criminales.
