Mahmoud Khalil, alumno de la Universidad de Columbia en Nueva York, se ha convertido en el primer afectado por la nueva política del presidente Donald Trump, quien se comprometió a erradicar las protestas estudiantiles y amenazó con expulsar a estudiantes extranjeros considerados “simpatizantes de terroristas”.
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“Esta es la primera detención de muchas que vendrán”, declaró Trump en su red social Truth Social, señalando a Khalil como un “estudiante radical pro-Hamás”, la organización islámica militante que gobierna la Franja de Gaza.
Khalil, refugiado palestino criado en territorio sirio, fue arrestado durante el fin de semana por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmó su representante legal, Amy Greer.
Los funcionarios se presentaron en su domicilio, una residencia propiedad de la universidad, cuando Khalil y su esposa acababan de regresar de una cena del Ramadán. Le notificaron la cancelación de su visado estudiantil y procedieron a su detención.
La orden de deportación ha sido provisionalmente bloqueada por un magistrado federal, quien examinará el caso en una vista urgente este miércoles 12 de marzo, a la que Khalil deberá asistir.
Estudiante de posgrado en la Facultad de Relaciones Públicas e Internacionales, Khalil está casado con una ciudadana estadounidense que se encuentra en el octavo mes de embarazo, y posee una tarjeta de residencia permanente (green card) que, según informaron los agentes migratorios a su abogada, también había sido revocada.
‘Un detenido por motivos políticos en suelo estadounidense’
La Universidad de Columbia se convirtió en el centro neurálgico de las protestas estudiantiles pro-palestinas a nivel nacional el año pasado, en oposición a la guerra en Gaza y al respaldo estadounidense a Israel. Khalil actuó como principal mediador del campamento instalado en el campus de Manhattan.
Su arresto ha provocado una oleada de indignación entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad académica estadounidense.
La presidenta de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, ha calificado la deportación de Khalil como “represalia selectiva y un ataque directo contra la Primera Enmienda”.
Alrededor de un millar de personas protestaron en Nueva York exigiendo la liberación de Mahmoud Khalil.
La fiscal general neoyorquina, Letitia James, que sigue de cerca el caso, también ha expresado su “profunda preocupación”.
Aproximadamente mil manifestantes portando banderas palestinas se congregaron en Manhattan el lunes 10 de marzo para reclamar la liberación de Khalil y condenar las medidas adoptadas por la nueva administración Trump. Al menos una persona fue detenida.
“Ahora enfrentamos la terrible realidad de que uno de nuestros estudiantes, un miembro de la comunidad de Columbia, se ha convertido en un prisionero político aquí en Estados Unidos”, denunció Michael Thaddeus, profesor de la Universidad de Columbia.
“Vivimos un momento oscuro en la historia estadounidense”, añadió Thaddeus durante una rueda de prensa junto a otros 50 docentes. “No podemos dar ni un paso más por esta senda autoritaria”.
Ausencia de cargos formales
Un tribunal federal ha suspendido temporalmente la deportación de Mahmoud Khalil.
“Revocaremos los visados y/o tarjetas de residencia de los simpatizantes de Hamás en Estados Unidos para facilitar su deportación”, publicó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la plataforma X el domingo 9 de marzo.
La letrada de Khalil, Amy Greer, ha calificado lo sucedido con su cliente como un “error terrible e injustificable – y calculado”. Describió su detención como parte de la “represión manifiesta del gobierno estadounidense contra el activismo estudiantil y la expresión política”.
Khalil, contra quien no se han presentado cargos, fue inicialmente internado en un centro migratorio de Nueva Jersey antes de ser trasladado a unas instalaciones de detención en Jena, Luisiana, según consta en los registros del ICE.
Su abogada sostiene que el ICE también amenazó con detener a su esposa, ciudadana estadounidense con ocho meses de embarazo. Cuando ella intentó visitarlo en Nueva Jersey, los funcionarios negaron su presencia allí.
La Universidad de Columbia ha informado que las fuerzas de seguridad pueden acceder a las instalaciones del campus con una orden judicial, pero ha negado que la dirección universitaria haya solicitado la intervención de agentes del ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional está facultado para revocar permisos de residencia e iniciar procedimientos de deportación contra sus titulares por diversos delitos, como el apoyo a organizaciones terroristas.
No obstante, juristas consultados por la agencia AP han señalado que la detención de un residente legal permanente sin cargos formales “constituye una medida extraordinaria con fundamentos legales cuestionables”.
Según Camille Mackler, fundadora de Immigrant ARC, una red de servicios jurídicos en Nueva York, “esto parece una represalia contra alguien que expresó una opinión contraria al gobierno Trump”, según publicó la AP.
Khalil desempeñó un papel crucial como negociador entre la dirección universitaria y los estudiantes que organizaron un extenso campamento de protesta en las instalaciones del campus el año pasado.
Algunos estudiantes llegaron a tomar el control de uno de los edificios universitarios durante varias horas hasta que la policía intervino en el campus para detenerlos. Sin embargo, Khalil no participó en esta acción.
Sanciones económicas a la universidad
La detención de Khalil se produce después de que Trump emitiera una orden ejecutiva en enero advirtiendo que cualquier persona involucrada en “protestas pro-yihadistas” y “todos los simpatizantes de Hamás en campus universitarios” serían deportados.
Varios estudiantes judíos de la universidad denunciaron que los discursos en estas manifestaciones ocasionalmente rayaban en el antisemitismo, aunque otros se sumaron a las protestas en apoyo a los palestinos.
La nueva administración Trump ha acusado a la Universidad de Columbia de no combatir el antisemitismo en su campus y, la semana pasada, decidió cancelar 400 millones de dólares en subvenciones federales para la institución.
La suspensión de estos fondos “tendrá repercusiones inmediatas en la investigación y otras funciones esenciales de la universidad”, comunicó la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Katrina Armstrong, en un correo electrónico dirigido a toda la comunidad universitaria el pasado viernes 7 de marzo.
