Belo Horizonte – La semana pasada, una de las mujeres que acusan al concejal y expresidente de la Cámara Municipal de Piraúba, Josmar Xavier (PSD), de acoso, intimidación laboral, quebrantamiento del decoro y otros delitos, obtuvo una medida cautelar que impide que se acerque a menos de 200 metros de ella, excepto en el estricto ejercicio de sus funciones parlamentarias.
La supuesta víctima alega que el concejal realizó comentarios inapropiados sobre su persona: mencionó que, cuando ella comenzó a trabajar en la Cámara en 2025, parecía un “cabo de escoba” y que, en 2026, estaba “muy atractiva”. Otra denuncia, divulgada por el portal Metrópoles, se refiere a un comentario de Josmar Xavier sobre el sexo oral de una funcionaria.
En la decisión judicial, el juez Ricardo Domingos de Andrade prohibió además que el acusado mantenga cualquier tipo de contacto con la denunciante o su familia, bajo apercibimiento de prisión preventiva en caso de incumplimiento. Sin embargo, el pedido de búsqueda y confiscación de una supuesta arma de fuego en poder del concejal fue denegado; el magistrado consideró que, a este nivel de la instrucción procesal, no es procedente, aunque podría revisarse conforme avance la investigación.
Josmar Xavier negó las acusaciones y anunció que dejaría el cargo para atender problemas de salud. No obstante, el lunes 29 de junio presentó su defensa ante la propia Cámara Municipal, reconociendo que su forma de comunicarse es “firme y, en ocasiones, incisiva”, pero advirtiendo que su destitución sentaría un precedente que permitiría sancionar a otros políticos en el futuro.
En su alegato, solicitó el archivo de la denuncia “no como un favor, sino como aplicación de la ley; no para silenciar relatos, sino para evitar que un proceso contaminado desemboque en la sanción máxima; no solo por mí, sino por el precedente que quedará para todos”.
La Cámara Municipal de Piraúba, ubicada en la Zona da Mata Mineira (estado de Minas Gerais), inició un proceso de cassación de mandato contra el concejal tras la denuncia presentada por el esposo de una de las mujeres afectadas. Entre las acusaciones figura que Xavier comentó a otra funcionaria que ella estaba tratando un diente en el “cielo de la boca” y que su marido no la dejaba abandonar dicha consulta porque ese diente supuestamente era un factor diferencial en el sexo oral.
La denuncia que motivó la apertura del proceso sostiene que los comportamientos atribuidos al concejal no son hechos aislados, sino parte de un patrón de humillación, sexualización e intimidación sistemática contra las empleadas de la Cámara.
Contexto legal y antecedentes neutrales
En el ordenamiento jurídico brasileño, la figura de la medida cautelar está prevista principalmente en el Código de Proceso Civil (Ley Nº 13.105/2015). Su objetivo es preservar derechos y garantizar la eficacia del resultado final del proceso principal. Este tipo de medida puede imponerse antes de la sentencia definitiva, siempre que existan indicios razonables del riesgo de daño o de la posibilidad de que el acusado perturbe la instrucción judicial.
En el ámbito parlamentario, el decoro constituye un conjunto de normas implícitas y explícitas en el Regimento Interno de cada Cámara que regulan la conducta de los ediles. El quebrantamiento del decoro puede llevar a sanciones que van desde la amonestación pública hasta la pérdida del mandato, según la gravedad de los hechos.
La cassación de mandato municipal obedece a procedimientos definidos en la Lei Orgánica Municipal y en el Regimento Interno de la respectiva Cámara. Suele requerirse la formación de una comisión procesante, el derecho a la defensa plena del edil y la votación en sesiones plenarias. Sólo cuando se acredita la gravedad de la falta e instaurado el debido proceso puede decretarse la pérdida de la investidura.
En casos de presunto acoso o intimidación laboral —a menudo tipificados como “assédio sexual” o “intimidação funcional” en la legislación brasileña—, la víctima debe presentar pruebas o relatos detallados que sustenten su versión, pudiendo complementarse con testigos y documentos. Las autoridades pueden adoptar medidas de protección urgentes, como la orden de alejamiento, para resguardar la integridad física y psicológica del denunciante mientras dure la investigación.
