La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido no revisar el recurso presentado por el presidente Donald Trump contra la condena que le fue impuesta en un juicio civil por agresión sexual y difamación. De esta manera, permanece firme la sentencia de una indemnización de 5 millones de dólares (aproximadamente 4,6 millones de euros) a favor de la escritora y periodista E. Jean Carroll.
El caso se originó en una denuncia presentada por Carroll, excolaboradora de la revista Elle, que acusó a Trump de agredirla sexualmente en un probador de una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990. En el proceso civil, que culminó en 2023, un jurado consideró probado que Trump cometió agresión sexual y, además, que difamó a Carroll al negar públicamente las acusaciones y criticar su credibilidad. Por ello, el tribunal le impuso pagar a la demandante una compensación económica.
Posteriormente, Trump interpuso un recurso ante un tribunal federal de apelación, buscando anular la sentencia o rebajar el importe fijado. Esa instancia confirmó en gran medida el fallo original. Finalmente, el presidente elevó el asunto a la Corte Suprema, cuyo tribunal de revisión, compuesto por nueve magistrados designados para interpretar la Constitución y dirimir conflictos entre normativas federales y estatales, rechazó por unanimidad –según el acta oficial, sin votos disidentes ni comentarios adicionales– admitir a trámite la petición de Trump.
Aparte de esta causa, el mismo tribunal había también condenado a Trump a abonar 83,3 millones de dólares (alrededor de 76,6 millones de euros) en un proceso por difamación ligado a aquellas declaraciones que, en 2019, el entonces candidato negó las acusaciones de Carroll y vertió comentarios depreciativos contra ella. En ambos juicios, se trató de litigios civiles, en los que la carga de la prueba es un “preponderancia de la evidencia” –un nivel inferior al estándar de “más allá de toda duda razonable” que rige en los procesos penales–.
El hecho de que se trate de procedimientos civiles explica que Trump no haya sido imputado por delitos criminales en estas causas, sino que deba afrontar responsabilidades económicas. El caso de Carroll se benefició de excepciones a los plazos habituales de prescripción en agresiones sexuales en Nueva York, aprobadas recientemente por la legislatura estatal con el fin de facilitar a las víctimas la posibilidad de demandar sin estar sujetas a un límite temporal estricto.
En paralelo, el Departamento de Justicia de EE. UU. abrió en mayo una investigación para determinar si E. Jean Carroll pudo haber incurrido en perjurio al realizar su declaración bajo juramento durante el litigio civil. El organismo examina si existieron contradicciones intencionales en su testimonio que pudieran constituir un delito federal. Hasta la fecha, no se han presentado cargos en su contra.
Tanto Carroll como Trump han anunciado su intención de recurrir en otros frentes. El presidente aseguró que interpondrá nuevos recursos ante tribunales inferiores y, de ser necesario, insistirá nuevamente en llevar estas disputas de daños y perjuicios ante la Corte Suprema en el futuro. Por su parte, la demandante se prepara para defender la validez de las sentencias ya dictadas y confía en que los tribunales garanticen la indemnización establecida.
El rechazo de la Corte Suprema a revisar el caso marca un hito en el sistema judicial estadounidense, al confirmar por última instancia la condena contra un presidente en ejercicio en un litigio civil por agresión sexual.
