El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ha decidido archivar dos investigaciones contra el diputado André Fernandes (CE) y la exdiputada federal Sílvia Waiãpi (AP), ambos miembros del Partido Liberal (PL). Las pesquisas, abiertas tras las publicaciones en redes sociales de ambos parlamentarios, estaban relacionadas con presuntas incitaciones a los actos violentos del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes asaltaron e hicieron destrozos en los edificios que albergan los tres poderes de la República Federal de Brasil.
La decisión de arquivar los inquéritos siguió la recomendación formulada por la Procuraduría General de la República (PGR), que sostuvo la falta de pruebas suficientes para presentar una denuncia penal formal. En su despacho, Moraes señaló: “Teniendo el Ministerio Público solicitado el archivo dentro del plazo legal (…), acojo la manifestación de la Procuraduría General de la República y apruebo el archivo de esta investigación”.
Contexto del proceso
En el sistema jurídico brasileño, el archivo de un inquérito implica la suspensión definitiva del procedimiento investigativo, salvo que surjan nuevos elementos de prueba. El proceso se inicia con la apertura de un inquérito por parte del STF cuando están implicados altos funcionarios o parlamentarios federales, y recae directamente sobre uno de los ministros del Tribunal. En este caso, al tratarse de miembros del Congreso, correspondía a Moraes dirigir la investigación.
Las investigaciones se basaron en comentarios y publicaciones realizadas en fechas previas y durante los ataques del 8 de enero de 2023, jornada en la que grupos de manifestantes tomaron por asalto la rampa del Parlamento, el Palacio de Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal, en Brasilia. Aquel día, los vándalos provocaron daños materiales y pusieron en jaque la normalidad institucional del país, en un hecho comparable, por su naturaleza y trascendencia, a la asonada del Capitolio en Estados Unidos del 6 de enero de 2021.
Acusaciones y argumentos
La Policía Federal identificó indicios de delito en las publicaciones de ambos políticos. Según el cuerpo investigador, el delito imputado correspondía al de incitación, tipificado en el artículo 286 del Código Penal brasileño, que sanciona a quien “incitare públicamente a la práctica de delito”. En el caso de André Fernandes, los investigadores afirmaron que “coadyuvó en la depredación del patrimonio público protagonizada por la turba en la Plaza de los Tres Poderes y le dio todavía mayor publicidad, además de mostrar su verdadera intención al convocar la manifestación dos días antes de los hechos”.
Fernandes publicó un mensaje de convocatoria: “Este fin de semana, tendrá lugar, en la Plaza de los Tres Poderes, el primer acto contra el gobierno Lula. ¡Estaremos allí!”. Asimismo, en una de sus publicaciones mostraba un armario donde se guardaba la toga del propio ministro Alexandre de Moraes con la frase “Quien se ría va preso”.
Por su parte, Sílvia Waiãpi difundió un vídeo que, según la PGR, no fue de su propia producción sino una reproducción de contenido que ya circulaba en redes cuando los ataques se habían iniciado. En sus mensajes durante la jornada, aseguró: “¡El pueblo toma la Esplanada de los Ministerios este domingo! Toma del poder por el pueblo brasileño insatisfecho con el gobierno rojo”.
Puntos de vista contrapuestos
Mientras la Policía Federal defendía la existencia de elementos para formular la acusación, la PGR sostuvo que las publicaciones se referían genéricamente a una protesta contra el Ejecutivo, “sin incitar a la comisión de delitos concretos” y carentes de capacidad para influir en los autores materiales de las invasiones. En relación con Waiãpi, la Procuraduría señaló expresamente la imposibilidad de atribuirle autoría directa sobre el contenido audiovisual.
Repercusiones y contexto institucional
La decisión de Moraes se enmarca en la función de control de constitucionalidad y garantía del debido proceso del STF, la máxima instancia judicial de Brasil. El archivo no implica una absolución sustantiva ni prejuzga la inocencia de los implicados, sino que cierra la vía penal en ausencia de pruebas que respalden una acusación formal. De la misma forma, deja abierta la posibilidad de reabrir las diligencias si en el futuro surgieran nuevos datos que requirieran investigación judicial.
