Antônio Vinícius Gritzbach durante la audiencia del Gaeco en julio de 2024 (Foto: Instagram)
Cuatro meses antes de ser asesinado en el Aeropuerto de Guarulhos, el corredor de valores Antônio Vinícius Gritzbach, acusado de lavar dinero para el grupo criminal PCC (Primer Comando de la Capital), reveló a los fiscales del Gaeco un supuesto intento de extorsión por parte de agentes públicos. Durante una reunión grabada en vídeo, obtenida en exclusiva por Metrópoles, presentó documentos, audios y testimonios que respaldan sus denuncias.
La audiencia tuvo lugar el 16 de julio de 2024, en el marco de una delación premiada homologada por la Justicia en abril de ese mismo año. Gritzbach fue asesinado en noviembre al desembarcar en la terminal internacional de São Paulo, en Guarulhos, frente a varias testigos. Su muerte ocurrió cuando aún estaba vigente la protección judicial derivada de su colaboración con el Ministerio Público.
El Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) centró su investigación en un anexo de la delación que versaba sobre corrupción policial. Al inicio de su testimonio, los fiscales le preguntaron si había recibido alguna solicitud de soborno vinculada a la pesquisa del DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) sobre las muertes de Anselmo Becheli Santa Fausta y Antônio Corona Neto, ambos asociados al PCC. Gritzbach apuntó directamente al comisario Fábio Baena y al jefe de investigadores Eduardo Monteiro.
Según el declarante, durante su prisión provisional en febrero de 2022 fue trasladado al despacho del comisario Baena, donde conoció al abogado Ivelson Saloto. Gritzbach aseguró que Saloto transmitió el mensaje de Baena y Monteiro, quienes exigían entre 30 y 40 millones de reales —equivalentes a aproximadamente 5,4 y 7,2 millones de euros— alegando la existencia de un pendrive con claves de criptomonedas. El corredor negó por completo poseer tanto el dispositivo como la suma exigida. Finalmente, Baena y Monteiro fueron arrestados el 17 de diciembre de 2024, después de que la Fiscalía presentara las pruebas recabadas.
Además de la supuesta extorsión, Gritzbach explicó que los agentes retuvieron diversos bienes suyos durante la investigación del DHPP. Entre ellos, mencionó “una finca y varios relojes”. La finca, ubicada en Biritiba Mirim, había sido adquirida por 1,5 millones de reales (unos 270 000 euros) y figuraba a nombre del dentista Roberto Vioto, aunque Gritzbach declaró que el inmueble le pertenecía de hecho. Aportó el contrato de compraventa, incautado en un registro domiciliario, y un audio en el que Monteiro conversa sobre la intermediación de la venta atribuida a Rogério de Almeida Felício, miembro del equipo de Baena.
En cuanto a los relojes de lujo, durante su detención provisional se le confiscaron catorce piezas, de las que sólo devolvieron diez. Los cuatro Hublot restantes tenían un valor estimado en 180 000 reales (unos 32 400 euros). Gritzbach relató que, ante la presión de los policías, incluso ofreció una suma menor para eludir la prórroga de su custodia, pero le respondieron que ni siquiera 30 millones de reales (más de 5,4 millones de euros) resolverían su situación.
Durante la sesión, el corredor vinculó sus acusaciones a múltiples soportes: audios, contratos y documentos entregados al Ministerio Público de São Paulo. También denunció que los teléfonos móviles incautados en otra investigación fueron formateados en dependencias del Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), lo que, según él, obstaculizó la recuperación de pruebas. A su juicio, la acusación por las muertes de los apodados Cara Preta y Sem Sangue se utilizó como presión tanto por parte de criminales como de policías corruptos.
El 17 de diciembre de 2024, la Policía Federal y la Fiscalía de São Paulo ejecutaron una operación conjunta que culminó con la detención de Baena y Monteiro. Ese mismo día, un mandamiento contra Rogério de Almeida Felício no se pudo cumplir de inmediato y permaneció fugitivo durante seis días. Finalmente, las autoridades confirmaron la participación de los tres en la trama de extorsión.
El 31 de marzo de este año, el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, revocó la prisión de Baena, imponiendo medidas cautelares que incluyen el uso de brazalete electrónico, la suspensión de sus funciones públicas y una fianza de 100 000 reales (aproximadamente 18 000 euros). La causa sigue bajo secreto de sumario mientras el Gaeco profundiza en las redes de corrupción policial señaladas por Gritzbach.
