Tras la incorporación de la Abogacía-General de la Unión (AGU) en el proceso en representación de Brasil, la plataforma Rumble ha ampliado su nómina de abogados en la demanda presentada contra el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Según fuentes oficiales del caso, la compañía incorporó a la abogada Rossana Baeza, del despacho Boies Schiller Flexner LLP, apenas unos días después de que la AGU se involucrara en la causa.
Rossana Baeza se unirá a Martin De Luca, abogado que ya venía defendiendo los intereses de Rumble en Estados Unidos. Ambos litigantes trabajarán en el tribunal federal norteamericano contra la resolución que prohíbe el funcionamiento de la plataforma en Brasil desde febrero de 2025. En su escrito de demanda, las empresas sostienen que el ministro Moraes habría bloqueado de modo ilegal perfiles de ciudadanos estadounidenses en la plataforma y censurado expresiones políticas, especialmente las de usuarios con ideas conservadoras, como el influenciador Allan dos Santos.
La Abogacía-General de la Unión es el órgano responsable de defender los intereses judiciales del Estado brasileño. Su entrada en la causa refuerza la posición de Brasil frente a la demanda, pues ofrece respaldo institucional y coordinación con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. La AGU actúa como representante legal del país en litigios internacionales y supervisa que las estrategias de defensa se alineen con la política exterior del Gobierno.
En febrero de 2025, el ministro Alexandre de Moraes ordenó la suspensión de la plataforma Rumble en territorio brasileño, argumentando que la empresa no había cumplido varias resoluciones judiciales relacionadas con la difusión de noticias falsas y ataques a instituciones democráticas. Según la decisión, grupos identificados con el bolsonarismo utilizaban Rumble para divulgar contenido desinformativo y promover mensajes que, en opinión del magistrado, representaban un riesgo para el debate público y la estabilidad institucional.
Rumble, fundada en 2013 en Canadá y con sede en Estados Unidos, se presenta como una alternativa a YouTube y otras redes sociales, con énfasis en la libertad de expresión y sin aplicar algoritmos que favorezcan determinadas orientaciones políticas. La plataforma ha ganado popularidad en sectores conservadores y se describe a sí misma como un espacio donde creadores pueden publicar vídeos sin las limitaciones de moderación habituales en otras compañías tecnológicas.
La demanda se tramita en un tribunal federal norteamericano bajo la presidencia de Donald Trump, quien ocupa actualmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos. La elección de la jurisdicción estadounidense responde a que Rumble es una empresa registrada y opera desde ese país, y a que los reclamantes alegan que las acciones de Moraes afectaron directamente derechos de ciudadanos americanos, lo cual justificaría la intervención de los tribunales de Estados Unidos.
En el procedimiento judicial, los abogados deberán demostrar que la medida brasileña vulnera la libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y que carece de fundamento legal para bloquear a usuarios con ciudadanía americana. También se analizará si hubo extralimitación de competencias por parte de un funcionario extranjero al intentar controlar el contenido publicado en servidores ubicados fuera de Brasil.
Este litigio sienta un precedente sobre la interacción entre regulaciones nacionales de Internet y la protección de derechos fundamentales en un contexto transnacional. Además, evidencia las tensiones existentes entre el marco jurídico brasileño —que considera imprescindible combatir la desinformación— y las normativas de Estados Unidos, que otorgan un fuerte resguardo a las libertades individuales en el entorno digital.
