El gobierno federal anunció, este martes 23 de junio, la continuidad del plan de aumento gradual del impuesto de importación para vehículos eléctricos e híbridos, que podrá alcanzar hasta el 35 % en los próximos meses. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio Exterior (Gecex) aprobó una cuota temporal para la importación exenta de impuestos durante seis meses, con el objetivo de evitar un incremento inmediato de los precios.
Para mitigar el impacto a corto plazo, la medida establece un límite de 463 millones de dólares —unos 426 millones de euros— para la entrada de vehículos electrificados sin tributación. Dentro de ese importe, las marcas podrán importar coches sin impuestos, pero a partir de esa cifra se aplicará la tarifa completa del arancel. El calendario de incremento arancelario permanece inalterado.
Según el gobierno, la decisión busca equilibrar la transición en el sector automovilístico y la política de descarbonización, además de incentivar la producción nacional. La Gecex también estableció plazos distintos para la aplicación de los nuevos aranceles: a partir de julio, los vehículos semimontados o montados experimentarán un aumento del impuesto, mientras que los modelos desmontados o semidesmontados (CKD y SKD) serán gravados en su totalidad a partir de enero de 2027.
CRÍTICA DE ANFAVEA
La decisión del gobierno fue objeto de críticas por parte de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), que declaró en un comunicado que el restablecimiento de incentivos a la importación de CKD y SKD va en contra de los intereses de la industria nacional y de los trabajadores del sector. Según Anfavea, la medida modifica de forma “imprevista” una política ya definida por el propio gobierno y reduce la previsibilidad para las empresas que ajustaron sus planes de inversión basándose en las normas anteriores.
La asociación también subraya que las cuotas para la importación de piezas destinadas al montaje de vehículos habían finalizado en febrero de 2026, tras un debate con el sector productivo, y que la reanudación de los beneficios podría generar inseguridad jurídica y afectar las decisiones de inversión en el país. La entidad destaca además que la industria automovilística ya respondió a los estímulos de la política pública, con aproximadamente 25 200 millones de euros de inversiones anunciadas hasta 2033 y un incremento de la producción nacional de vehículos electrificados.
Para Anfavea, el debate ya no se centra únicamente en la expansión de la electromovilidad, sino en el modelo de desarrollo industrial que el país desea adoptar. “Por esa razón, la discusión dejó de ser cómo acelerar la entrada de los vehículos electrificados en el mercado brasileño. El desafío ahora es garantizar que esta transformación genere más producción local, desarrollo tecnológico, proveedores, ingeniería y agregación de valor en el país”, afirma Anfavea en su nota.
La medida coincide con una tendencia global de revisión de incentivos fiscales a la importación de energías limpias, mientras que otras naciones estudian bonos por kilómetro recorrido o ayudas directas a la compra para impulsar la electrificación del parque automovilístico. En este contexto, Brasil ha mantenido históricamente aranceles de importación elevados sobre vehículos completos para proteger su industria interna, así como exenciones puntuales para estimular la introducción de tecnologías de bajas emisiones.
Los términos CKD (Completely Knocked Down) y SKD (Semi Knocked Down) hacen referencia a kits de vehículos desmontados de forma completa o parcial respectivamente, que requieren montaje local. Este sistema ha permitido a varias marcas reducir costes logísticos y aprovechar beneficios arancelarios, al tiempo que promueve cierto grado de industrialización en el territorio. Sin embargo, el restablecimiento de incentivos para estos kits implica ajustar de nuevo cadenas de suministro y líneas de producción, lo que ha centrado la crítica de los fabricantes.
La Cámara de Comercio Exterior (Gecex) es un órgano colegiado del Ministerio de Economía encargado de fijar las alícuotas definitivas de los aranceles de importación y exportación, así como de otorgar autorizaciones y cuotas temporales en situaciones excepcionales. Su intervención pretende equilibrar las necesidades de la industria, la protección de los mercados internos y los compromisos internacionales de descarbonización suscritos por el país.
A medio y largo plazo, el desafío pasa por consolidar un entorno regulatorio estable que combine medidas de incentivo a la electromovilidad con políticas de fomento de proveedores locales, investigación y desarrollo, y generación de empleo especializado. Mientras tanto, consumidores y fabricantes seguirán atentos a las fechas de aplicación de las nuevas tarifas y al volumen de cupo disponible libre de impuestos para vehículos electrificados.
