EE.UU. endurece el acceso a la ‘green card’ para visados temporales (Foto: Instagram)
El gobierno Trump ha anunciado una nueva directriz que limita el uso de determinados visados temporales para solicitar posteriormente la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como green card. Según la Orden Ejecutiva firmada por la Casa Blanca, los beneficiarios de visados con carácter temporal —como los visados H-1B para trabajadores especializados o L-1 para transferencias internas de empresa— ya no podrán iniciar el proceso de ajuste de estatus hasta haber cumplido ciertas condiciones adicionales. Esta medida refuerza las restricciones migratorias iniciadas desde inicios de la Administración y busca garantizar que los permisos temporales cumplan su función original sin convertirse en un atajo para la residencia permanente.
La green card, o tarjeta de residencia permanente, permite a su titular vivir y trabajar indefinidamente en Estados Unidos. Tradicionalmente, las personas con visado temporal presentaban la petición de residencia a través del formulario I-485 de Ajuste de Estatus una vez que su empleador tramitaba una petición de inmigrante (formulario I-140). De este modo, solicitantes de visados H-1B, L-1 o E-2 podían cambiar su estatus sin salir del país. Sin embargo, la nueva política revisa este procedimiento y establece plazos mínimos de estancia y tasas adicionales para frenar lo que el Ejecutivo califica de “vía alterna” para la obtención directa de la green card.
Entre las novedades, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) exigirá que los solicitantes de ajuste de estatus con H-1B o L-1 hayan permanecido al menos cinco años en estatus válido antes de presentar la petición de residencia permanente. Asimismo, se impondrán nuevas tasas administrativas que elevarán el coste total del trámite. Estos cambios, que entrarán en vigor en los próximos treinta días, pretenden reducir el número de solicitudes simultáneas y priorizar a quienes optan por el sistema basado en patrocinio familiar o a beneficiarios de visas EB-1 y EB-2 con méritos extraordinarios.
El marco legal en el que se apoya esta política es la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que otorga al presidente amplias facultades para regular la admisión de extranjeros. Desde la aprobación de la INA en 1952, las autoridades migratorias han emitido reglamentos y órdenes ejecutivas para gestionar flujos y proteger el mercado laboral nacional. La Administración Trump ya introdujo en 2017 y 2018 múltiples restricciones a refugio, reunificación familiar y programas de trabajo temporal. La medida actual profundiza en el control de la transición de estatus temporal a permanente, reforzando la supervisión de los empleadores y limitando el uso de visados como atajo a la residencia definitiva.
Este endurecimiento provocará un ajuste en la planificación de empresas y profesionales extranjeros que aspiren a la green card. Abogados especializados en inmigración alertan de que los solicitantes deberán planificar con mayor antelación sus carreras y contar con asesoría legal experta para cumplir los nuevos requisitos. Con esta medida, el gobierno Trump subraya su énfasis en ordenar los procesos migratorios y evitar que los esquemas temporales se utilicen fuera de su finalidad original.
