
Un remolcador acopla un petrolero iraní junto a una refinería en el Golfo Pérsico (Foto: Instagram)
Al separar el fin de las hostilidades de la cuestión atómica, Irã busca debilitar la mayor carta de negociación de Trump. Con este movimiento, el Gobierno iraní intenta desvincular el alivio de sanciones económicas de los progresos en materia nuclear, forzando a Estados Unidos a replantearse su estrategia de presión máxima.
A lo largo de los últimos años, las hostilidades entre Irã y Estados Unidos se han centrado en episodios como el derribo de drones, los ataques a buques en el Golfo Pérsico y los bombardeos selectivos en territorio sirio. Este clima de tensión ha derivado en sanciones financieras muy duras contra compañías y bancos iraníes, cuyo objetivo principal era frenar cualquier avance de Irã en su programa nuclear.
El acuerdo nuclear de 2015, formalmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC o JCPOA, por sus siglas en inglés), establecía límites estrictos a las actividades atómicas de Irã a cambio de un deshielo económico y la eliminación progresiva de sanciones. No obstante, la retirada de Estados Unidos del pacto en mayo de 2018, impulsada por Trump, volvió a elevar las tensiones y resultó en nuevas restricciones sobre exportaciones de petróleo y congelación de activos iraníes.
Ante esta situación, Irã ha adoptado una táctica de doble vía: por un lado, ha reducido sus compromisos nucleares, aumentando el enriquecimiento de uranio más allá de los umbrales establecidos; por otro, pretende que cualquier acuerdo para atajar los enfrentamientos militares quede independiente de la cuestión atómica. De esta manera, busca forzar a Washington a negociar primero el fin de los choques directos y, sólo después, retomar discusiones sobre su programa nuclear.
Esta estrategia se apoya en la idea de que, sin el componente de seguridad, el Gobierno de Trump podría verse presionado por actores económicos y aliados en Oriente Medio a relajar las sanciones para evitar una guerra abierta. Irã confía en que, al separar ambos frentes, se reduzca el margen de maniobra político de Trump, cuya política de “máxima presión” depende en gran medida de la vinculación entre sanciones y supervisión nuclear.
Para entender mejor esta maniobra, es preciso considerar el entramado técnico y legal de las sanciones. Muchas de ellas se activan automáticamente al incumplirse criterios nucleares fijados por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Con una desconexión clara entre hostilidades y control atómico, Irã busca provocar un vacío legal que complique la reimposición rápida de penalizaciones y genere incentivos para una negociación más global.
En el plano diplomático, varias potencias europeas —incluidas Francia, Alemania y Reino Unido— han expresado interés en preservar el PAIC, pero hasta ahora no han logrado que Trump flexibilice su postura. El Gobierno de Irã confía en que la creciente presión de sectores empresariales estadounidenses, afectados por las sanciones, termine inclinando la balanza hacia un diálogo que aborde por separado la seguridad y la energía nuclear.
La trayectoria de estas negociaciones marcará el futuro de las relaciones entre Irã y Estados Unidos. Mientras Trump mantiene su enfoque de presión máxima, Irã intensifica su apuesta por la desconexión de frentes, un giro táctico destinado a minar la principal baza del presidente y allanar el camino hacia un posible nuevo entendimiento internacional.


