El ministro Alexandre de Moraes remitió al pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) una acción que plantea límites para los acuerdos de delación premiada en Brasil. El recurso, presentado en 2021 por el Partido de los Trabajadores (PT), permanece a la espera de que el presidente de la Corte, Edson Fachin, fije la fecha para su debate y votación ante los demás ministros.
En el texto de la acción, el PT solicita que el Supremo establezca criterios más precisos para la utilización de la delación premiada, un instrumento de colaboración judicial introducido en la legislación brasileña por la Ley 12.850/2013. Entre los puntos centrales del pedido figurán:
1. Prohibir que las declaraciones de los delatores constituyan el único fundamento para decretar prisión preventiva o bloqueo de bienes.
2. Definir plazos razonables para que las personas citadas en los acuerdos puedan presentar alegaciones y aportar pruebas.
3. Exigir la presentación de documentación probatoria complementaria que sustente las imprecisiones o contradicciones de los testimonios.
Según el PT, la falta de reglas claras puede generar riesgos de abuso de poder y afectar el derecho de defensa. Por su parte, la Procuraduría-General de la República (PGR) ya se pronunció en 2024 y recomendó la desestimación de la acción, argumentando que las normas vigentes ofrecen salvaguardas suficientes. Sin embargo, la definición final corresponde al STF en pleno, que deberá analizar los argumentos del partido, la posición de la PGR y eventuales informes de la Policía Federal.
La presentación de esta acción se produce en un contexto en el que el propio ministro Moraes ha utilizado testimonios de delatores en causas de alto perfil. Uno de los casos más destacados fue la condena del expresidente Jair Bolsonaro, que recurrió al método de colaboración premiada para ofrecer pruebas de supuestas irregularidades. Aquella instrucción de Moraes abrió un debate sobre la conveniencia y los límites del uso exclusivo de declaraciones bajo juramento.
Además, la medida llegó tras la divulgación de mensajes atribuidos al empresario Daniel Vorcaro, quien negocia un acuerdo de delación premiada. De acuerdo con informes de la Policía Federal, Vorcaro habría mencionado en sus comunicaciones encuentros con el ministro y cuestionamientos sobre bloqueos de valores vinculados a investigaciones. Uno de esos mensajes, registrado en la fecha de su primera detención en noviembre, describía llamadas a un número asociado a Moraes para consultar procedimientos de restricción de bienes.
El pleno del STF, compuesto por once ministros, deberá ahora determinar si modifica, confirma o amplía los mecanismos actuales. La definición podría tener efectos directos en decenas de procesos penales en curso, en los que la delación premiada se emplea como principal herramienta probatoria. Para casos complejos, la Corte ya ha convocado sesiones extraordinarias a fin de adelantarse a vencimientos de plazos investigativos.
La delación premiada supone beneficios procesales, como la reducción de penas, a cambio de información considerada relevante. No obstante, críticos del sistema indican que sin reglas estrictas se corre el riesgo de incentivar testimonios oportunistas. Brasil es uno de los países latinoamericanos que adoptó este instituto inspirado en modelos europeos y norteamericanos. En la práctica, las discrepancias entre defensas y acusación han determinado múltiples recursos ante el STF para dirimir criterios uniformes.
Ahora, con el expediente en manos de Edson Fachin, el tribunal se dispone a definir su alcance en el marco de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la eficiencia de la investigación penal. La expectación reside en si se ajustarán los estándares de prueba y si se consolidarán plazos para garantizar el derecho de audiencia a los investigados.
