Brasil registró, en 2025, el mayor número de feminicidios de la última década. Fueron 1.568 mujeres asesinadas por su condición de género, un aumento del 4,7 % con respecto a 2024, año en que se contabilizaron 1.492 casos. En 2026, mujeres de perfiles muy diversos —desde universitarias hasta empresarias, madres, profesionales de la seguridad pública e incluso influencers— continúan siendo víctimas de este tipo de violencia extrema, cuyos episodios han vuelto a ocupar un lugar recurrente en los principales informativos.
Las víctimas, con edades comprendidas entre los 22 y los 74 años, fueron ultimadas en circunstancias de extrema crueldad. Entre los métodos registrados figuran disparos de arma de fuego, puñaladas y agresiones con objetos punzantes, así como otras formas de violencia física. En buena parte de las investigaciones, los responsables son parejas o exparejas de las víctimas. Según los expedientes policiales y forenses, el móvil principal se relaciona con la no aceptación de la ruptura afectiva o con episodios de rechazo por parte de las mujeres agredidas.
Los datos oficiales reflejan un patrón que se repite en varias regiones del país: antecedentes de violencia doméstica, denuncias previas y contextos de control y maltrato psicológico. En muchos casos, las mujeres habían intentado alejarse de la relación abusiva e incluso habían denunciado episodios de violencia, pero las medidas de protección no fueron suficientes para impedir el desenlace fatal. Esta realidad evidencia la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana y la sanción de conductas machistas.
Feminicidio, un término con regulación específica en Brasil Desde el año 2015, la legislación brasileña incorporó el delito de feminicidio en el Código Penal, a través de la Ley 13.104. Esta norma tipifica como agravante del homicidio la condición de género de la víctima, estableciendo penas más severas cuando el crimen se comete por odio, desprecio o razón de su sexo femenino. Además, Brasil cuenta con la Ley Maria da Penha (11.340/06), que creó mecanismos para combatir la violencia doméstica y familiar contra la mujer, obligando a las autoridades a adoptar medidas de protección y asistencia a las víctimas.
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el feminicidio como una forma extrema de violencia de género y promueve la adhesión de los Estados miembros a convenios y protocolos destinados a prevenir, sancionar y erradicar esta práctica. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en que se suelen difundir datos, informar sobre campañas de sensibilización y exigir el cumplimiento de políticas públicas efectivas.
Pese a estos marcos normativos, la implementación y el cumplimiento de las leyes enfrentan obstáculos como la falta de recursos, de especialización de los operadores judiciales y de asistencia integral a las mujeres en riesgo. Organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos de las mujeres y entidades académicas subrayan la importancia de capacitar a la policía, a las fiscalías y a los servicios de salud para identificar señales de alerta y colaborar en protocolos de actuación.
El elevado número de casos registrados en 2025, que supera incluso las cifras de años anteriores, sitúa a Brasil ante un escenario persistente de violencia sistemática contra las mujeres. Más allá de las estadísticas, cada cifra representa un proyecto de vida interrumpido, familias que quedan fragmentadas y comunidades que demandan justicia y prevención. En este contexto, resulta imprescindible fortalecer programas de acompañamiento psicológico, refugios temporales, líneas de atención permanente y campañas educativas que promuevan relaciones de igualdad y respeto.
Los registros demuestran que, a pesar de los avances legislativos, el feminicidio continúa siendo un problema alarmante y extendido en todo el territorio brasileño. La articulación entre Estado, iniciativas públicas y privadas, organizaciones de mujeres y movimientos sociales constituye una vía para impulsar cambios concretos y reducir, de manera consistente, las muertes por violencia de género.
