El informe pericial realizado tras la exhumación del cuerpo de la agente militar Gisele Alves Santana, hallada muerta con un disparo en la cabeza el 18 de febrero en su piso del centro de São Paulo, reveló la presencia de espermatozoides en el conducto vaginal de la víctima. Este hallazgo indica una relación íntima en un periodo próximo al crimen y evidencia inconsistencias en la versión ofrecida por su marido, el teniente coronel Geraldo Leite Rosa Neto, imputado por feminicidio y fraude procesual.
Según el documento forense, el material genético fue recogido para su confrontación mediante pruebas de ADN. El resultado del examen sexológico choca con las declaraciones del oficial, quien aseguró a las autoridades que la pareja atravesaba una crisis, dormía en habitaciones separadas desde agosto del año anterior y no mantenía relaciones conyugales. En su testimonio, el teniente coronel afirmó además que, el día del asesinato, la única interacción con su esposa consistió en una conversación sobre la separación, sin ningún contacto íntimo.
Para los investigadores, la prueba pericial es “absolutamente incompatible” con la narración presentada por el sospechoso. El informe subraya que el hallazgo apunta a una dinámica distinta de la descrita por el oficial en los momentos previos a la muerte de Gisele. Asimismo, se llevaron a cabo otros análisis durante la pesquisa. El laudo toxicológico arrojó resultado negativo para alcohol, drogas, medicamentos y plaguicidas, lo que indica que la víctima no se encontraba bajo la influencia de sustancias psicoactivas en el momento de su fallecimiento.
En Brasil, el laudo pericial constituye un pilar fundamental en las investigaciones criminales, al reunir el análisis de pruebas materiales recogidas en la escena y en los cuerpos de las víctimas. Este informe, elaborado por peritos forenses especializados en medicina legal, biología y criminalística, examina detalladamente cualquier indicio biológico, químico o físico relevante para el esclarecimiento de los hechos.
El proceso de exhumación, autorizado por orden judicial, se emplea cuando surgen dudas sobre la validez de las pruebas iniciales o aparece nueva información que justifica un segundo examen. Durante dicha diligencia, el cuerpo se desentierra siguiendo protocolos estrictos de cadena de custodia, de modo que las muestras extraídas mantienen su integridad y evitan cualquier tipo de contaminación.
En el caso de Gisele Alves Santana, el objetivo de la exhumación fue recuperar material biológico susceptible de someterse a un examen sexológico y a un análisis de ADN. El primero permite determinar la presencia de fluidos corporales, en particular semen, que pueden evidenciar contactos íntimos recientes. El cotejo de ADN, por su parte, confirma la identidad de las personas implicadas gracias a la comparación de perfiles genéticos obtenidos de las muestras.
La calificación de feminicidio en el Código Penal brasileño, reforzada por la Ley Nº 13.104/2015, supone un agravante del delito de homicidio cuando la víctima es asesinada por su condición de género. Esta legislación endurece las penas y establece protocolos específicos para proteger a la víctima y sancionar al agresor. En este escenario, al teniente coronel se le atribuye tanto feminicidio como fraude procesual, debido a supuestas alteraciones en la presentación de hechos que pretendían encubrir la verdad.
La divergencia entre la versión del investigado y los resultados forenses ha generado un intenso debate sobre la eficacia de los protocolos policiales y judiciales en casos de violencia de género en Brasil. La investigación permanece abierta y podría incluir nuevas etapas, como interrogatorios complementarios y análisis adicionales. El desenlace de este proceso judicial podría marcar un precedente relevante en la lucha contra la violencia doméstica y en la aplicación estricta de la ley en casos de feminicidio.
