Nayib Bukele durante su intervención presentando la reforma constitucional (Foto: Instagram)
El presidente Nayib Bukele ha impulsado una iniciativa para modificar la Constitución de El Salvador con el fin de autorizar la imposición de la pena máxima a menores de edad que incurran en delitos graves. Esta propuesta busca extender la reforma constitucional que actualmente contempla sanciones severas para adultos, adaptándola también al ámbito juvenil. Con ello, el Ejecutivo pretende endurecer el sistema penal del país y reforzar la lucha contra la criminalidad.
Según el texto de la iniciativa, los delitos incluidos en la ampliación abarcan homicidio, violación y otros crímenes catalogados como de extrema peligrosidad. La reforma constitucional planteada haría posible que adolescentes implicados en estas conductas afronten condenas equiparables a las de los mayores de edad, sin beneficios de reducción de pena por su condición juvenil. La medida generó un intenso debate en la Asamblea Legislativa y entre organizaciones de derechos humanos.
Hasta ahora, el Código de la Niñez y la Adolescencia salvadoreño establece un régimen diferenciado de responsabilidad penal para quienes no han cumplido los 18 años. Bajo las normas vigentes, estos menores reciben sanciones orientadas a la rehabilitación y no pueden superar un límite máximo de años de privación de libertad. La iniciativa de Nayib Bukele pretende eliminar algunas de estas barreras y otorgar a los jueces la opción de dictar la pena máxima establecida en el artículo 27 de la Carta Magna.
El proceso de reforma constitucional en El Salvador requiere la aprobación de al menos dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Legislativa. Tras el anuncio oficial por parte de Nayib Bukele, el proyecto fue remitido a la Comisión de Legislación para su análisis. Entre los argumentos del Ejecutivo se destaca la necesidad de adaptar el marco jurídico a una realidad en la que menores de edad participan en actividades delictivas cada vez más violentas y organizadas.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia juvenil han expresado sus reservas ante la propuesta. Aducen que imponer penas máximas a adolescentes podría vulnerar compromisos internacionales suscritos por El Salvador, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y limitar las posibilidades de reinserción social. Sin embargo, voceros del Gobierno defienden la reforma como una respuesta proporcional al incremento de asesinatos y agresiones cometidas por pandillas que involucran a menores.
La iniciativa de reforma constitucional no es singular en la región. Varios países latinoamericanos han debatido recientemente cambios en sus códigos de menores para endurecer las sanciones por homicidio y violación. En este contexto, el plan de Nayib Bukele se inscribe en una tendencia de políticas de seguridad más estrictas, cuyo impacto real sobre la reducción de la criminalidad y la protección de los derechos de los adolescentes seguirá siendo objeto de evaluación tras su eventual aprobación.
