Un alto funcionario estadounidense durante un discurso ante banderas nacionales. (Foto: Instagram)
La Suprema Corte dos EUA determinó el mes pasado que los aranceles impuestos por la Administración carecían de validez legal al no contar con la aprobación del Congreso. En su fallo, los magistrados consideraron que ningún órgano ejecutivo puede instaurar gravámenes de esta naturaleza sin una ley expresa emanada del poder legislativo. Esta resolución marca un hito en la separación de poderes y refuerza la prerrogativa constitucional que confiere al Congreso la exclusiva facultad para regular el comercio exterior mediante aranceles.
Desde la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso ha ejercido el control directo sobre las tarifas aduaneras como herramienta de política económica. A lo largo de más de dos siglos, este organismo ha aprobado múltiples leyes que definen los tipos de aranceles, los contingentes y las excepciones según el origen y la naturaleza de los productos importados. La Suprema Corte dos EUA recuerda en su sentencia que esa praxis histórica no admite sustitutos unilaterales por parte del poder ejecutivo.
El fundamento jurídico de la decisión se apoya en la Cláusula de Comercio (Commerce Clause) de la Constitución, que asigna al Congreso la facultad exclusiva para “fijar aranceles, impuestos y regulaciones sobre el comercio con naciones extranjeras”. Según el texto constitucional, cualquier imposición arancelaria debe sustentarse en una ley aprobada por ambas cámaras legislativas y ratificada por el Ejecutivo. Al no existir un instrumento normativo de ese tipo para los gravámenes cuestionados, la Suprema Corte dos EUA consideró inválida su aplicación.
En la práctica, la Administración había recurrido a decretos ejecutivos para establecer gravámenes sobre ciertas importaciones, argumentando urgencia económica y riesgos a la industria nacional. Sin embargo, la ausencia de una delegación expresa del Congreso impidió que dichas medidas superasen el examen de constitucionalidad. La sentencia advierte además que las futuras iniciativas de aranceles deberán seguir el procedimiento legislativo ordinario, lo que incluye debates en comisiones, votaciones en la Cámara de Representantes y en el Senado, y la firma presidencial.
Este pronunciamiento de la Suprema Corte dos EUA puede provocar cambios significativos en la política comercial del país. El Congreso deberá evaluar si modifica las leyes vigentes para otorgar nuevas facultades al Ejecutivo o si define más rigurosamente los parámetros de imposición de aranceles. Asimismo, la Administración que promueva futuros gravámenes tendrá que planificar con antelación las negociaciones parlamentarias para asegurar la validez jurídica de sus acciones. A mediano plazo, este fallo consolida el equilibrio institucional y refuerza el principio de que la imposición de tributos recae, en última instancia, en el poder legislativo.
