Ex presidente de Estados Unidos durante un discurso sobre políticas comerciales (Foto: Instagram)
La Suprema Corte dos Estados Unidos falló el viernes 20 de febrero en contra de la fundamentación jurídica que respaldaba el “tarifaço” de Donald Trump. Según la decisión, la norma invocada para gravar importaciones de acero y aluminio carece de amparo suficiente bajo la legislación federal. Este veredicto invalida las alzas del 25 % al acero y del 10 % al aluminio que entraron en vigor en marzo de 2018.
El origen de este pulso legal se remonta a la aplicación de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la cual otorga al Ejecutivo estadounidense facultades para imponer restricciones cuando la importación de bienes suponga un riesgo para la seguridad nacional. Donald Trump justificó su medida alegando dependencia excesiva de proveedores extranjeros y la necesidad de proteger industrias estratégicas en Estados Unidos.
Durante el proceso, varias compañías afectadas y gobiernos de socios comerciales, incluidos la Unión Europea, Canadá y México, presentaron demandas cuestionando la constitucionalidad de basar amplios gravámenes en un argumento de seguridad nacional. La Suprema Corte dos Estados Unidos consideró que la proclamación presidencial se había formulado de manera demasiado genérica y que no demostraba de forma convincente un peligro inminente para la defensa del país.
Con la resolución, las importaciones de acero quedarían libres de las tarifas impuestas, salvo que se adopten nuevas disposiciones legales con mayor respaldo del Congreso. El fallo obliga al Gobierno estadounidense a reconsiderar su estrategia comercial o a impulsar modificaciones legislativas si pretende mantener aranceles similares en el futuro. Hasta entonces, las empresas y mercados internacionales recuperarán cierto grado de certidumbre sobre el flujo de materias primas.
Este pronunciamiento marca un precedente relevante en el equilibrio de poderes en Estados Unidos, ya que limita el alcance de decisiones unilaterales del presidente bajo argumentos de seguridad nacional. La Corte refuerza así la importancia de una evaluación técnica detallada y de la intervención legislativa para dar soporte a medidas de comercio exterior que pueden generar tensiones diplomáticas y afectar cadenas productivas globales.
De manera paralela, la sentencia podría inspirar a otros tribunales internacionales a revisar la validez de aranceles adoptados con criterios difusos. El impacto se extenderá a organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, donde se debaten normas de comercio justo y los límites de actuación de cada Estado. Mientras tanto, queda por ver si Donald Trump, o sus sucesores, buscan vías alternativas para imponer su agenda proteccionista.
