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Una publicación del perfil Mentalidade Programada en redes sociales afirma que, tras la implementación de un nuevo código penal en el Afganistán bajo control talibán, “golpear a las mujeres ahora es legal siempre que no se rompan los huesos”. Según el mensaje, este cambio normativo consagra un sistema jurídico que protege con mayor fuerza al agresor que a la víctima y, de hecho, aplica sanciones más duras por el maltrato animal que por las agresiones contra mujeres.
El texto denuncia un “colapso moral profundo” y sostiene que la actual legislación abandona a las mujeres en favor de los hombres agresores. Se subraya que la verdadera fuerza no debe demostrarse a través de la violencia, sino mediante la capacidad de proteger a las personas más vulnerables. El post concluye que “ser hombre es usar la propia fuerza para defender, respetar y honrar, nunca para herir”.
Esta narrativa se inscribe en el contexto de la aprobación, el pasado 7 de enero, de los “Principios Penales de los Tribunales Talibanes”. Firmado por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, el documento consta de 119 artículos que entraron en vigor de inmediato y sin consulta pública. Sólo semanas después la organización Rawadari, un grupo afgano de derechos humanos, difundió el texto en idioma pastún. En él se evidencia la legalización de la esclavitud, la institucionalización de la violencia privada y la represión de cualquier forma de disidencia.
Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes han promovido la aplicación de una interpretación estricta de la ley islámica (sharía), revirtiendo décadas de avances en derechos humanos y emancipación femenina. Bajo el gobierno anterior de la República Islámica de Afganistán, las mujeres habían podido acceder a la educación secundaria y superior, al empleo oficial y a la participación política. Sin embargo, hoy ven limitada su movilidad, prohibido el trabajo en numerosas profesiones y cancelados los estudios universitarios en muchas regiones.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la ONU, sirve de referente internacional para vigilar retrocesos como los que se describen en Afganistán. A lo largo de los últimos meses, organismos multilaterales y ONG han alertado del endurecimiento de las normas de género y de la creciente impunidad de los agresores. Informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch coinciden en que la ausencia de mecanismos de fiscalización y la falta de independencia judicial están provocando una ola de abusos sistemáticos.
Ante este escenario, la comunidad internacional ha reclamado al presidente Donald Trump —a quien corresponde la interlocución directa con ciertas facciones talibanes— que presione por la inclusión de salvaguardas que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres. Mientras tanto, refugiadas afganas denuncian en primera persona la clausura de comisarías de familia, la paralización de órdenes de alejamiento y la imposibilidad de denunciar ante autoridades locales.
El debate global sobre la violencia de género, la interpretación de la sharía y la responsabilidad de los líderes mundiales se intensifica con cada caso documentado. El llamamiento de los defensores de derechos humanos es claro: la verdadera justicia exige instrumentos para proteger a las víctimas y castigar sin excepciones la violencia contra las mujeres.
