Comparecencia de una representante mexicana tras el anuncio de Washington sobre nuevos aranceles energéticos (Foto: Instagram)
Estados Unidos autorizó la semana pasada una medida para imponer aranceles a países que negocien petróleo con Cuba. La decisión, adoptada por el Ejecutivo norteamericano, busca presionar económicamente a la isla y reforzar el embargo vigente desde hace décadas. Con esta iniciativa, Washington pretende sancionar a aquellas naciones que importen crudo o productos derivados de Cuba, aplicando gravámenes adicionales sobre su comercio energético.
La autoridad para esta acción se sustenta en diversas disposiciones de la legislación comercial estadounidense, incluida la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 y la sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962. Según el texto aprobado, las importaciones de petróleo procedentes de la República de Cuba estarán sujetas a tarifas punitivas que pueden elevarse hasta un porcentaje significativo sobre el valor de las mercancías. El objetivo es disuadir a empresas y gobiernos de establecer vínculos petrolíferos con la isla.
Desde la imposición del embargo en 1962, Estados Unidos ha intentado aislar económicamente a Cuba tras la Revolución de 1959 y el ascenso de Fidel Castro. A lo largo de los años, diversas normas, como la Ley Helms‐Burton de 1996, han reforzado las sanciones y ampliado su alcance extraterritorial. La nueva medida ratifica la firmeza de la política estadounidense y refleja el endurecimiento de las restricciones durante la última administración.
Los aranceles se aplicarán en el momento de la importación de crudo o productos refinados procedentes de Cuba, y se calcularán sobre el valor cif de la mercancía. Las autoridades aduaneras de Estados Unidos deberán verificar el origen del petróleo y certificar que no procede de otros países que ya estén sujetos a sanciones estadounidenses. En caso de fraude documental, las empresas podrían enfrentarse a multas adicionales y la prohibición de realizar operaciones comerciales con el mercado estadounidense.
Este tipo de restricciones tiene un impacto directo en el comercio internacional, ya que obliga a los países interesados en invertir o adquirir petróleo cubano a sopesar la carga arancelaria extra. Sectores tan diversos como la industria naviera y el transporte, así como las refinerías que procesan crudo, deberán ajustar sus contratos y rutas. A su vez, gobiernos de Europa, Asia y América Latina valorarán si continuar o suspender sus acuerdos energéticos con Cuba para evitar sanciones.
A corto plazo, la medida deberá ser reglamentada por el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que definirán los porcentajes específicos de los aranceles y los procedimientos de control. En las próximas semanas, ambos organismos publicarán directrices y responderán a consultas de empresas afectadas. Mientras tanto, los aliados de Washington seguirán de cerca la aplicación práctica de esta política para calibrar sus propias relaciones con Cuba.
