Donald Trump durante un discurso tras declarar el estado de emergencia contra Cuba (Foto: Instagram)
El jueves 29 de enero de 2021, el presidente Donald Trump firmó una ordem executiva que declara un estado de emergencia nacional en relación a Cuba. Con esta medida, el Ejecutivo estadounidense activa facultades extraordinarias para hacer frente a lo que el texto califica como “amenazas extraordinarias” procedentes de la isla caribeña.
Esta declaración se enmarca en un largo historial de tensiones bilaterales que se remonta a principios de la Guerra Fría. Desde que en 1962 el presidente John F. Kennedy inauguró el embargo económico contra Cuba, sucesivos Gobiernos de Estados Unidos han invocado diversos instrumentos legales para limitar las relaciones comerciales, financieras y diplomáticas con La Habana. La herramienta jurídica más utilizada es la International Emergency Economic Powers Act (AEEPA), vigente desde 1977, que permite al presidente tomar medidas rápidas para congelar activos y prohibir transacciones.
Durante su mandato, Donald Trump revirtió buena parte del deshielo impulsado por la administración de Barack Obama, que había suavizado algunas sanciones y reabierto líneas de viaje y remesas. A partir de 2017, Trump endureció las restricciones al comercio, limitó los envíos de remesas a familiares cubanos y sancionó a compañías vinculadas al sector militar de la isla. Con la nueva ordem executiva de enero de 2021, amplía aún más los poderes de su Administración y refuerza el cerco financiero y diplomático sobre Cuba.
El estado de emergencia nacional permite al presidente Trump bloquear activos de personas o entidades que considere implicadas en el apoyo al régimen cubano y prohibir las transacciones que, según la Casa Blanca, subvencionen políticas que “socavan la estabilidad democrática” en la región. Asimismo, faculta al Departamento del Tesoro a imponer sanciones adicionales sobre instituciones financieras y navieras que operen con empresas estatales de Cuba.
Entre las implicaciones prácticas, la medida puede afectar las remesas de cubanos residentes en Estados Unidos hacia sus familiares en la isla, restringir aún más los viajes turísticos o impedir las inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos de la economía cubana, como la biotecnología o el turismo estatal. También podría complicar los envíos de material humanitario o farmacéutico si las entidades intermediarias caen bajo sanción.
Este tipo de emergencia nacional no es nuevo en la política estadounidense: además de la AEEPA, existen decretos específicos como la Cuban Democracy Act de 1992 o la Helms-Burton Act de 1996, que respaldan el endurecimiento del embargo y penalizan a terceros que comercien con propiedades expropiadas tras la revolución de 1959. Con su última ordem executiva, Donald Trump suma un escalón más en esa arquitectura legal, fortaleciendo su postura de firmeza hacia el Gobierno de La Habana.
La declaración de emergencia nacional implica revisiones periódicas cada seis meses, momento en el cual el presidente deberá decidir si prorroga o levanta esa condición excepcional. Mientras tanto, las relaciones con Cuba permanecerán marcadas por sanciones y restricciones que dificultan cualquier acercamiento bilateral, dejando en suspenso posibles iniciativas de diálogo o cooperación en áreas como la salud, la migración o la lucha contra el narcotráfico.
