El Capitolio de EE. UU., epicentro del bloqueo al fondo para el ICE (Foto: Instagram)
El Senado de los EUA ha bloqueado recientemente la asignación presupuestaria destinada al control de la inmigración, al mismo tiempo que exige cambios concretos en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas como ICE, y sitúa al gobierno de Trump al borde de un nuevo cierre administrativo. Esta decisión parlamentaria se ha producido tras semanas de intensas negociaciones en el Capitolio y plantea una nueva amenaza de paralización parcial de los servicios federales a partir de la próxima fecha límite.
La medida impulsada por el Senado de los EUA rechaza la partida económica destinada a reforzar las medidas de detención y deportación de personas indocumentadas, una iniciativa que buscaba destinar varios miles de millones de euros al presupuesto del ICE. Con este bloqueo, los legisladores demandan la implementación de protocolos más estrictos sobre el trato y la gestión de los detenidos, así como una auditoría independiente de las prácticas internas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El gobierno de Trump, que había propuesto este incremento de fondos para el ICE con el argumento de reforzar la seguridad fronteriza y agilizar los procesos migratorios, ahora se enfrenta a la posibilidad de un nuevo shutdown, un cierre parcial de agencias federales que suspende servicios no esenciales y afecta a cientos de miles de empleados públicos. Este escenario recuerda los episodios de finales de 2018 y principios de 2019, cuando la falta de acuerdo en el Congreso dio lugar a un bloqueo histórico de la Administración.
En paralelo a la disputa presupuestaria, el Senado de los EUA ha exigido al Ejecutivo la presentación de un plan detallado en un plazo máximo de dos semanas. Entre las peticiones figura la mejora de las condiciones de detención en centros gestionados por el ICE, la garantía de acceso a asistencia legal para los inmigrantes y la supresión de protocolos que puedan violar derechos humanos reconocidos internacionalmente. Estas exigencias abren un nuevo frente de discusión sobre el equilibrio entre control migratorio y respeto a los derechos de las personas.
Históricamente, las disputas sobre el presupuesto federal suelen vincularse a prioridades partidistas y a demandas de grupos de presión tanto conservadores como progresistas. En este caso, varios senadores de ambos partidos han coincidido en criticar la falta de transparencia en las cuentas del ICE y la ausencia de informes claros sobre el destino de los recursos. La postura del Senado de los EUA refuerza la idea de que, para avanzar en materia migratoria, primero debe garantizarse la supervisión efectiva de las agencias encargadas de su aplicación.
El gobierno de Trump, al frente de la Casa Blanca, deberá ahora valorar si cede a las condiciones del Senado o si mantiene su propuesta inicial, arriesgándose a desencadenar un cierre administrativo. De persistir el veto a los fondos, las instituciones federales podrán suspender operativos considerables y retrasar procesos de adjudicación de asilo, lo que aumentaría la presión sobre un sistema ya tensionado.
