Ojo Eghosa Kingsley, ciudadano nigeriano, se convirtió esta semana en protagonista de un caso inédito ante la Justicia del Estado de Edo, en el sur de Nigeria. Entre junio y noviembre de 2025, la entidad financiera First Bank cometió un fallo y acreditó por error la cifra de 1 500 millones de nairas (aproximadamente 990 000 €) en la cuenta de Kingsley. En lugar de alertar al banco, el acusado empezó a desviar parte de esos fondos para su provecho y el de su familia.
La irregularidad fue detectada por la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés), organismo creado en 2003 para combatir el fraude, la corrupción y el blanqueo de dinero. Tras una investigación preliminar, la EFCC rastreó transferencias a varias cuentas vinculadas a familiares de Kingsley y procedió a su detención en Benin City.
En el momento del arresto, las autoridades lograron recuperar cerca de 802,4 millones de nairas (alrededor de 522 000 €) de los fondos desviados. Por su parte, First Bank logró estornar otros 300 millones de nairas (unos 198 000 €). Aun así, quedaba pendiente la devolución de 272,2 millones de nairas (aproximadamente 270 000 €).
Durante el juicio, Kingsley, acusado formalmente de robo y fraude, admitió los hechos. El tribunal le ofreció dos alternativas: restituir el importe restante o cumplir una condena de un año de prisión sin posibilidad de multa. En un giro sorprendente, el acusado optó por la reclusión voluntaria antes que abonar la cantidad adeudada.
Este tipo de decisiones judiciales es casi inédito en Nigeria y plantea interrogantes sobre las posibles motivaciones del acusado. Algunos expertos sugieren que la elección podría obedecer a razones prácticas, como las dificultades para reunir los fondos o la creencia de que una pena limitada en prisión resultaría menos gravosa que una ejecución forzosa de activos.
La EFCC, por su parte, ha destacado que recuperará la totalidad de lo sustraído, ya sea mediante embargos o, llegado el caso, a través de la misma ejecución de la pena privativa de libertad. En casos anteriores, esta comisión ha recuperado sumas millonarias y desarticulado redes de corrupción, fortaleciendo la confianza en las instituciones nigerianas.
La sentencia marca un precedente poco habitual en materia de delitos económicos en Nigeria y reaviva el debate sobre la responsabilidad individual frente a los fallos bancarios. Asimismo, subraya la importancia de la diligencia de los usuarios a la hora de comprobar movimientos inesperados en sus cuentas y la urgencia de protocolos más sólidos en las entidades financieras para evitar descuadres de tal magnitud.
Este caso será observado de cerca por organismos internacionales y entidades bancarias, que podrían revisar sus procedimientos internos y las sanciones aplicables en supuestos de errores de crédito.
