Trump defiende al ICE pese a las muertes en protesta migratoria (Foto: Instagram)
El presidente Donald Trump afronta una creciente controversia tras la muerte de dos ciudadanos norteamericanos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que participaban en una protesta a favor de los derechos de los inmigrantes. La autopsia preliminar y los testimonios de testigos señalan un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, lo que ha encendido las críticas tanto de partidos de la oposición como de organizaciones de defensa de los derechos civiles.
El incidente tuvo lugar durante una manifestación que reclamaba una reforma migratoria que ofreciera vías legales para que millones de indocumentados pudieran regularizar su situación. Según varias fuentes, los dos fallecidos formaban parte de un grupo pacífico que ocupaba calles céntricas y coreaba consignas como “No más deportaciones” y “Amnistía para todos”. Sin embargo, la intervención del ICE derivó en un enfrentamiento que acabó con detonaciones y disparos letales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue creado en 2003 como una agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar el control fronterizo y la remoción de personas indocumentadas. Bajo la administración de Trump, el ICE ha incrementado las redadas y el número de detenciones en los últimos años, en línea con la política de “tolerancia cero” para frenar la inmigración irregular. Diversos grupos de derechos humanos han denunciado la militarización de esta agencia y su falta de supervisión en operaciones de campo.
La muerte de los dos manifestantes ha reavivado el debate sobre el papel del ICE y la responsabilidad del Ejecutivo. Representantes demócratas en el Congreso exigen una investigación independiente y supervisión automática de cualquier operativo de la agencia. Al mismo tiempo, organizaciones como ACLU (American Civil Liberties Union) y Human Rights Watch insisten en que se revisen los protocolos de uso de la fuerza y se sancione a los agentes implicados si se demuestra que actuaron fuera de la legalidad.
El presidente Donald Trump, que en varias ocasiones ha defendido las acciones del ICE como necesarias para garantizar la seguridad nacional, se ha visto forzado a matizar su postura. En sus últimas declaraciones, Trump insistió en que “la ley debe cumplirse” y que la agencia actúa conforme a las normas vigentes, aunque prometió “revisión y transparencia” en los casos que puedan involucrar excesos. Estas palabras no han satisfecho por completo a los críticos, que reclaman un cambio profundo en las políticas migratorias y en la gestión de agentes con poder coercitivo.
Ante el clamor público, analistas recuerdan que la polémica no es nueva: desde su creación, el ICE ha sido objeto de denuncias por su trato a solicitantes de asilo y familias migrantes. Sin embargo, la muerte de dos manifestantes ciudadanos norteamericanos durante una protesta marca un punto de inflexión. El futuro de la política migratoria de Estados Unidos y la reputación de Donald Trump como máximo responsable del Ejecutivo quedan aún por definirse, en un escenario donde la exigencia de reformas y de rendición de cuentas ha cobrado renovada urgencia.
