Agentes de ICE en una operación nocturna en Estados Unidos (Foto: Instagram)
Al comienzo de este año, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida en dos sucesos distintos relacionados con agentes del ICE. Ambos episodios han reavivado el debate sobre las prácticas de la agencia y las garantías de los derechos civiles en operaciones de inmigración. ICE, siglas en inglés de Immigration and Customs Enforcement, es el cuerpo encargado de hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos y depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El primer incidente ocurrió en una localidad suburbana, donde según informes preliminares, agentes del ICE confrontaron a un ciudadano estadounidense tras una orden de deportación que resultó ser errónea. Testigos señalaron que hubo un forcejeo antes de que el servicio de emergencia certificara el fallecimiento del hombre en el lugar. En el segundo suceso, un tiroteo en la vía pública acabó con la vida de otro ciudadano estadounidense durante lo que la agencia definió como «operativo de rutina». Hasta ahora, ICE ha abierto investigaciones internas para esclarecer las circunstancias y determinar posibles responsabilidades.
ICE fue creado en marzo de 2003, como parte de la reorganización tras los atentados del 11 de septiembre, con el objetivo de centralizar funciones de inmigración y aduanas. Desde entonces, la agencia ha enfrentado críticas constantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y de diversos sectores políticos. En 2018, por ejemplo, se documentaron casos de separaciones familiares en la frontera y detenciones prolongadas sin acceso adecuado a asesoría legal, lo que provocó protestas a nivel nacional. Estas prácticas pusieron de relieve la tensión entre la seguridad fronteriza y las garantías constitucionales, en particular la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones arbitrarias.
A lo largo de los años, ICE ha desplegado programas de deportación masiva y redadas en centros de trabajo, con resultados controvertidos. Defensores de la reforma migratoria han reclamado controles más estrictos, transparencia en los procedimientos y la eliminación de órdenes de detención automáticas que no contemplan auditorías judiciales inmediatas. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las operaciones de ICE son esenciales para combatir el crimen transnacional, el tráfico de personas y el contrabando de armas, argumentando que la agencia actúa dentro del marco legal vigente.
La muerte de estos dos ciudadanos estadounidenses ha obligado a las autoridades a reevaluar los protocolos de actuación de ICE. Organizaciones no gubernamentales han exigido la participación de organismos externos independientes para supervisar las pesquisas y garantizar un resultado imparcial. La reforma de ICE apareció ya en los programas de varias campañas electorales, donde candidatos de distintos partidos plantearon la creación de un órgano especializado en derechos civiles dentro del DHS, con facultades para revisar las denuncias contra los agentes.
Mientras las investigaciones avanzan, grupos de la sociedad civil han convocado manifestaciones en diversas ciudades para demandar mayor transparencia y respeto a los procedimientos judiciales. Las familias de las víctimas —que también son ciudadanos estadounidenses— han pedido que se dé prioridad al esclarecimiento de los hechos y se tomen medidas para prevenir nuevos incidentes. En paralelo, expertos en derecho migratorio analizan la posibilidad de instaurar protocolos de uso de la fuerza más exigentes y de formación obligatoria en derechos humanos para los agentes de ICE.
