Una investigación de la Policía Civil del Distrito Federal (PCDF) sacó a la luz un escándalo sin precedentes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Anchieta, en Taguatinga (Distrito Federal, Brasil). Tres profesionales de enfermería fueron detenidos acusados de homicidio doloso cualificado por la muerte de al menos tres pacientes inconscientes e intubados entre noviembre y diciembre de 2025. El caso, que la prensa local ha bautizado como “guardianas de la muerte”, revela un plan metódico de aplicación de sustancias letales con resultados mortales inmediatos.
El principal sospechoso, el técnico de enfermería Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 años, supuestamente utilizaba credenciales de médicos para acceder al sistema de prescripción de medicamentos del hospital. Con esos permisos falsificados retiraba de la farmacia dosis reservadas para otros fines clínicos y las inyectaba directamente en la vena de los pacientes. Para evitar testigos, dos técnicas de enfermería, Amanda Rodrigues de Sousa (28 años) y Marcela Camilly Alves da Silva (22 años), vigilaban los pasillos de la UCI o se situaban junto a los brazos de los enfermos, bloqueando la visibilidad de otros compañeros de trabajo. Ambas actuaban como “guardianas” que garantizaban que nadie interrumpiera las inyecciones letales.
Según la PCDF, las sustancias inyectadas provocaban una parada cardiaca fulminante en cuestión de minutos. Aunque la investigación aún no ha revelado oficialmente el compuesto exacto, expertos señalan que dosis excesivas de fármacos como potasio o relajantes neuromusculares pueden causar arritmias fatales si se administran sin el monitoreo adecuado. Las víctimas confirmadas son Miranilde Pereira da Silva (75 años), João Clemente Pereira (63 años) y Marcos Raymundo Fernandes Moreira (33 años), todos ingresados por otras patologías y con pronóstico reservado antes de sufrir las aplicaciones irregulares.
En los interrogatorios iniciales, Amanda y Marcela negaron su participación, pero una vez expuestas las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, Marcela confesó. Las imágenes captaron con nitidez la mecánica de los hechos: un técnico que accede al brazo del paciente y la presencia de las dos técnicas obstaculizando la visión de los pasillos. El reconocimiento de que profesionales con formación sanitaria conocen los efectos de los medicamentos complica la defensa de las acusadas, pues se presupone que sabían el resultado de lo que estaban haciendo.
El delito imputado es homicidio doloso calificado, castigado por el Código Penal brasileño con penas de 12 a 30 años de prisión por cada víctima cuando se emplea medio insidioso y se anula la posibilidad de defensa de la víctima. El calificativo de “insidioso” se refiere a la forma encubierta y traicionera en que se cometieron los hechos, aprovechando el estado de inconsciencia de los enfermos. Además, la imposibilidad de reacción de las víctimas, sedadas e intubadas, agrava la calificación del delito.
Este caso recuerda episodios históricos de violencia institucional en entornos sanitarios y plantea profundas preguntas sobre los controles internos de los hospitales. La administración de medicamentos está regulada por protocolos y sistemas de doble verificación precisamente para evitar errores y posibles abusos. La PCDF continúa las pesquisas para descartar otras posibles víctimas y analiza las fallas en los procedimientos del Hospital Anchieta que permitieron la consumación de estos crímenes.
