Asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada (Foto: Instagram)
La persistente ampliación de los assentamentos israelenses en territorios ocupados ha ido de la mano de un repunte significativo de los ataques contra palestinos desde octubre de 2023. Los asentamientos, construidos principalmente en Cisjordania, se han incrementado tanto en número como en tamaño, mientras que la población palestina experimenta un alza en incidentes violentos provocados por colonos y por operaciones militares israelíes. Esta dualidad, según diversas organizaciones internacionales, agrava las tensiones en la región y obstaculiza cualquier perspectiva de paz.
Históricamente, la creación de asentamientos en territorios disputados se remonta a varias décadas atrás, pero fue tras la Guerra de los Seis Días de 1967 cuando Israel tomó control efectivo de Cisjordania y Jerusalén Este. A pesar de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que instan al cese de esa expansión, el Gobierno israelí ha seguido autorizando nuevas viviendas en asentamientos como Hebrón, Ariel y Ma’ale Adumim. Estos desarrollos urbanísticos colocan viviendas, escuelas y carreteras dentro de áreas reclamadas por los palestinos, generando constantes enfrentamientos.
Desde octubre de 2023, el número de choques ha escalado. Organizaciones de derechos humanos documentan agresiones físicas, detenciones arbitrarias y demolición de viviendas palestinas como represalia a acciones de colonos o a supuestos atentados. En paralelo, milicias palestinas responden con disparos de cohetes hacia posiciones israelíes cercanas, lo que provoca bombardeos sobre la Franja de Gaza. Estos ciclos de violencia han dejado centenares de víctimas civiles y han destruido infraestructuras sanitarias y educativas.
Geográficamente, los asentamientos más polémicos se ubican en la carretera 60, principal vía que atraviesa Cisjordania de norte a sur. El trazado de esta carretera, controlado por colonos y el Ejército israelí, divide comunidades palestinas y dificulta la movilidad de agricultores, comerciantes y estudiantes. En Jerusalén Este, la construcción de nuevas zonas residenciales para colonos ha alterado el equilibrio demográfico y restringe el acceso de palestinos a servicios básicos, como la recogida de agua y transporte público.
El derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, prohíbe la transferencia de población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado. Sin embargo, Israel justifica la actividad en los asentamientos alegando reivindicaciones históricas y de seguridad. Las Naciones Unidas y la Unión Europea han condenado reiteradamente esa política. A pesar de sanciones económicas moderadas y exhortaciones diplomáticas, la política de asentamientos sigue recibiendo apoyo interno en ciertas facciones del Parlamento israelí.
La situación actual mantiene a la población palestina en un estado constante de vulnerabilidad y tensión. Las Naciones Unidas calculan que más de 600.000 colonos viven en Cisjordania y Jerusalén Este, mientras la Autoridad Palestina carece de control efectivo en amplias zonas. La combinación de asentamientos en expansión y una respuesta militar intensificada ha generado un entorno donde el ciclo de retaliaciones se retroalimenta, complicando las perspectivas de una solución negociada que contemple dos Estados viviendo en paz.
