Tripulación y pasajeros, cara a cara tras un downgrade en clase ejecutiva (Foto: Instagram)
Una confusión generalizada se desató después de que los viajeros brasileños sufrieran un downgrade en sus billetes de la clase ejecutiva. En el incidente, los pasajeros fueron escoltados por la policía tras reclamar la diferencia de servicio, alegando un perjuicio económico de R$ 100 000, equivalentes a unos € 18 000 según el cambio vigente.
El downgrade de un billete de clase ejecutiva ocurre cuando la aerolínea asigna de manera involuntaria o forzada asientos en una clase inferior, como clase turista o económica, aun cuando el pasajero haya reservado y pagado la tarifa superior. En estos casos, los derechos del viajero quedan amparados por normativas internacionales de transporte aéreo y por el derecho de los consumidores, que establecen compensaciones por la reducción de servicio contratado.
Según los Brasileiros afectados, la aerolínea no ofreció soluciones satisfactorias antes de que interviniera la policía. Al descender el nivel de clase sin previo aviso y sin reembolso parcial, los pasajeros indicaron que sufrieron importantes trastornos durante el vuelo, como menor espacio, menos servicios de catering y pérdida de beneficios asociados a la clase ejecutiva.
La intervención policial, según fuentes oficiales, respondió a una demanda por alteración del orden y negación de embarque en las condiciones inicialmente contratadas. Se trata de un recurso poco habitual en conflictos de transporte aéreo, pero que puede producirse cuando los viajeros insisten en una condición de viaje que la compañía no puede garantizar. En este escenario, resulta clave el conocimiento de las normas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y de los reglamentos locales de aviación civil que protegen al consumidor.
Históricamente, han existido episodios similares en rutas de largo recorrido, donde las aerolíneas se enfrentan a cambios operativos de última hora, falta de plazas o modificaciones en la flota. En muchas jurisdicciones, el pasajero tiene derecho a una indemnización que cubra, al menos, la diferencia de precio entre las dos clases, más una compensación adicional, que puede ser un porcentaje del billete o una cantidad fija. En este caso, el monto de R$ 100 000 (cerca de € 18 000) corresponde al total pagado por los viajantes y al valor estimado de lo que ellos consideran la diferencia de servicio perdida.
Para calcular el equivalente en euros se toma como referencia el tipo de cambio oficial del Banco Central del país emisor. A día de hoy, un real brasileño se valora aproximadamente en 0,18 euros, de modo que los R$ 100 000 reclamados ascienden a unos € 18 000. Esta conversión es clave para que las autoridades judiciales, en caso de litigar en tribunales europeos o en instancias de arbitraje internacional, puedan valorar la compensación en moneda de curso corriente en el territorio donde se presente la demanda.
Los afectados disponen de varias vías de reclamación: mediación frente a las oficinas de atención al pasajero de la aerolínea, que en muchos países está obligada a contar con un departamento de resolución de conflictos; denuncia ante la autoridad de aviación civil correspondiente; o demanda civil reclamando daños y perjuicios. En situaciones de downgrade sin justificación, la jurisprudencia suele reconocer la obligación de la compañía de indemnizar tanto el coste económico como los posibles daños morales por incumplimiento del contrato.
En definitiva, este episodio de downgrade de clase ejecutiva expone la importancia de que los pasajeros conozcan sus derechos y cuenten con asesoramiento adecuado. Aun cuando la intervención policial pueda acelerar una solución momentánea, la restitución económica y el reconocimiento formal del perjuicio quedan supeditados al análisis de las reclamaciones y al marco regulatorio de transporte aéreo y consumo, tanto en Brasil como en la jurisdicción internacional donde se tramiten los recursos.
