Yoon Suk Yeol tras las rejas: acusado de obstrucción de justicia y abuso de poder (Foto: Instagram)
El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol ha sido formalmente acusado de obstrucción de justicia y abuso de poder tras su decisión de decretar la ley marcial en diciembre de 2024. Según los cargos presentados, dichas medidas habrían interferido directamente en procedimientos judiciales en curso, al tiempo que se sitúan fuera de los límites establecidos por la legislación vigente. Estas acusaciones se enmarcan en una investigación oficial impulsada por la Fiscalía Suprema de la República de Corea.
En el sistema jurídico surcoreano, la obstrucción de justicia se considera un delito grave. Consiste en cualquier acción destinada a impedir, entorpecer o retrasar investigaciones, procesamientos o ejecuciones de sentencias judiciales. La ley surcoreana tipifica estas conductas como responsabilidades penales que pueden conllevar penas de prisión y multas, con el fin de garantizar que el poder ejecutivo no interfiera indebidamente en la función judicial.
Por su parte, el abuso de poder, según el Código Penal de la República de Corea, sanciona al funcionario público que utiliza sus atribuciones con fines ilegítimos o en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. La acusación contra Yoon Suk Yeol se basa en presuntas decisiones oficiales que excedieron las competencias presidenciales, especialmente en el contexto de la declaración de estado de excepción. Este tipo de infracción persigue proteger el equilibrio de poderes y la legalidad administrativa.
La ley marcial es una medida excepcional prevista en la Constitución surcoreana, utilizada históricamente en situaciones de grave alteración del orden público o amenazas a la seguridad nacional. Su activación implica la suspensión temporal de ciertos derechos civiles y la intervención directa de las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior. En Corea del Sur, la ley marcial no se ha aplicado de manera generalizada desde los años de dictadura militar, lo que añade relevancia al caso actual.
De acuerdo con el artículo 77 de la Constitución de 1948, el presidente de la República puede declarar la ley marcial tras consultar al Consejo de Seguridad Nacional y con la aprobación del Parlamento en un plazo determinado. El propósito es salvaguardar la seguridad del Estado ante emergencias, pero con controles legislativos y judiciales para evitar excesos. En este contexto, los legisladores se han mostrado especialmente vigilantes respecto a la proporcionalidad y a los límites temporales de la medida.
Yoon Suk Yeol accedió a la Presidencia de Corea del Sur en mayo de 2022, tras una carrera como fiscal especializado en casos de corrupción de alto perfil. Su etapa en la Fiscalía General le otorgó un perfil de mano dura frente al crimen y la mala praxis gubernamental. Sin embargo, esa misma reputación ha servido de base a sus críticos para subrayar la aparente contradicción entre su pasado y las recientes acusaciones por ejercer un poder que, según ellos, socava los principios de imparcialidad judicial.
El proceso en curso implica la intervención de la Fiscalía Suprema y, potencialmente, de la Corte Constitucional si se plantean cuestiones de inconstitucionalidad. En caso de demostrarse las imputaciones, el presidente podría enfrentarse a sanciones penales y políticas, incluida una posible destitución o juicio político en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el país sigue atento a cada paso de esta investigación histórica.
