El abogado Martin De Luca defiende la decisión estratégica sobre las sanciones a autoridades brasileñas. (Foto: Instagram)
El abogado Martin De Luca, representante legal de Trump Media y la plataforma Rumble en Estados Unidos, afirmó que la retirada de las sanciones impuestas al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Alexandre de Moraes, y a su esposa, Viviane Barci de Moraes, no representa un retroceso definitivo por parte del gobierno de Donald Trump. Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Magnitsky, fueron suspendidas con base en la expectativa de que Brasil revierta medidas consideradas como censura.
De Luca explicó que las sanciones no son un fin en sí mismas, sino una herramienta de presión para lograr cambios. Según él, las autoridades brasileñas han dado señales de disposición a modificar prácticas judiciales y de censura que generaron preocupación en Estados Unidos. Entre estas señales, el abogado destacó recientes votaciones en la Cámara de Diputados brasileña y otras acciones no especificadas.
La decisión del gobierno estadounidense de suspender las sanciones se dio tras una solicitud directa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva al presidente Donald Trump. Sin embargo, el gobierno de Trump no ha ofrecido una explicación oficial sobre la medida.
Alexandre de Moraes fue sancionado en julio por su papel como relator en procesos judiciales vinculados a una supuesta trama golpista, que resultó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de varios de sus aliados. Su esposa fue incluida en la lista de sancionados en septiembre, junto con la empresa familiar.
La Ley Magnitsky, creada en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, permite sancionar a personas extranjeras involucradas en corrupción o violaciones graves de derechos humanos. Su primera aplicación fuera de Rusia tuvo lugar en 2017, ya bajo el mandato de Trump, quien amplió su uso en América Latina.
El futuro de las relaciones bilaterales y la permanencia del levantamiento de sanciones dependerán de si Brasil cumple sus compromisos y demuestra un cambio real en sus prácticas judiciales y de censura.
