La tala de árboles continúa mientras la UE pospone su ley contra el desmonte. (Foto: Instagram)
La Unión Europea (UE) ha alcanzado un acuerdo político provisional para posponer nuevamente la entrada en vigor de su ley contra el desmonte, que prohíbe la venta de productos cultivados en tierras deforestadas después de diciembre de 2020. La normativa, que debía comenzar a aplicarse en noviembre de 2024, ahora se implementará a finales de 2026 para grandes empresas y a mediados de 2027 para micro y pequeñas empresas.
El objetivo del aplazamiento es permitir una mejor preparación por parte de operadores, comerciantes y autoridades, así como reducir la burocracia. Solo las empresas que introduzcan productos en el mercado de la UE por primera vez deberán presentar una declaración de diligencia debida. Para las pequeñas empresas, se exigirá una única declaración simplificada con un identificador específico.
La ley afecta productos como carne bovina, café, cacao, soja, aceite de palma, cuero, madera, caucho y derivados como chocolate y muebles. Fue diseñada para combatir el 10% del desmonte global vinculado al consumo europeo.
El nuevo aplazamiento responde a la presión de sectores industriales y socios comerciales como Brasil, Indonesia y Estados Unidos. El presidente Donald Trump había expresado críticas a la normativa, y recientemente su gobierno firmó un acuerdo comercial con la UE que incluyó concesiones relacionadas con esta ley. Además, se excluyeron del alcance de la ley productos impresos como libros y periódicos, beneficiando especialmente a la industria papelera estadounidense.
Las reacciones han sido diversas. La eurodiputada verde Anna Cavazzini alertó de que el retraso podría provocar la destrucción de cientos de miles de hectáreas de bosque, especialmente en la Amazonía, que se encuentra al borde del punto de no retorno. En cambio, Markus Ferber, del Partido Popular Europeo, celebró el cambio y calificó la versión original de la ley como un “monstruo burocrático”.
La normativa aún debe ser aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Mientras tanto, los debates continúan sobre cómo equilibrar la protección ambiental con las preocupaciones comerciales y logísticas de los países exportadores y las empresas afectadas por la ley.
