Donald Trump comparece ante el Congreso ante la creciente presión por presuntos crímenes de guerra en el Caribe. (Foto: Instagram)
La reciente ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe, liderada por el presidente Donald Trump bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, ha generado una fuerte controversia internacional tras la denuncia de un presunto crimen de guerra. Según una investigación publicada por el Washington Post, el Pentágono habría ordenado un segundo bombardeo contra una embarcación ya atacada, con el objetivo de eliminar a los náufragos sobrevivientes. El barco transportaba 11 personas y no se ha confirmado si hubo sobrevivientes tras el segundo ataque.
Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado una imponente fuerza militar en la región, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford, cazas F-35 y un submarino nuclear. Esta operación forma parte de una nueva estrategia que clasifica a ciertos cárteles de droga como organizaciones terroristas internacionales, lo que permite justificar acciones militares extraterritoriales.
Hasta la fecha, Washington ha reconocido la destrucción de 23 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, con un saldo de más de 80 muertos. Sin embargo, no se han presentado pruebas concluyentes sobre la implicación de estas embarcaciones en actividades ilícitas. La ONU ha condenado las acciones, calificándolas como “ejecuciones extrajudiciales”.
Uno de los principales objetivos de la campaña es el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien la administración Trump acusa de liderar el cartel de Los Soles, también incluido en la lista de organizaciones terroristas.
El escándalo se agravó cuando la Casa Blanca, tras negar inicialmente los hechos, confirmó que el segundo ataque fue autorizado por el jefe del Pentágono, aunque intentó desvincularlo del secretario Pete Hegseth. La portavoz Karoline Leavitt aseguró que la orden provino del almirante Frank Bradley.
El Congreso estadounidense ha iniciado una investigación sobre el incidente, que ha dividido a la clase política. Mientras los demócratas califican las imágenes del ataque como “profundamente preocupantes”, los republicanos afines a Trump defienden la legalidad de la operación. El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la intervención militar y el respeto al derecho internacional humanitario.
