La bandera italiana ondea frente al Altare della Patria en Roma tras la aprobación de la nueva ley de inmigración. (Foto: Instagram)
El gobierno italiano ha aprobado una nueva ley de inmigración que permite a los descendientes de ciudadanos italianos residentes en siete países —Brasil, Argentina, Estados Unidos, Australia, Canadá, Venezuela y Uruguay— vivir y trabajar legalmente en Italia sin estar sujetos a las cuotas establecidas por el decreto legislativo 286 de 1998. La medida entró en vigor el jueves 4 de diciembre y representa un cambio significativo en la política migratoria del país.
La decisión se basa en el elevado número de ciudadanos italianos registrados en el Aire (Registro de Ciudadanos Italianos Residentes en el Extranjero) en esos países. Según datos oficiales, al 31 de diciembre de 2024, había más de 100.000 italianos registrados en cada una de estas naciones, con cifras destacadas como 989.901 en Argentina, 682.300 en Brasil y 241.056 en Estados Unidos.
El objetivo del gobierno, según explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, es facilitar la “inmigración de retorno” para reforzar los vínculos con las comunidades italianas en el extranjero. El decreto fue firmado también por los ministros del Interior y de Trabajo y Políticas Sociales, y publicado oficialmente en noviembre.
Esta nueva legislación, conocida como “decreto de flujo”, ha sido defendida por el gobierno como una vía legal y ordenada para atraer mano de obra extranjera, aunque ha recibido críticas por ser vista como una estrategia para regularizar a trabajadores que ya se encuentran en Italia de forma irregular.
En contraste, se rechazó una propuesta del Consejo General de Italianos en el Exterior para incluir a descendientes residentes en Sudáfrica, México, Perú y Chile, debido a que las comunidades italianas en esos países no alcanzan el umbral de 100.000 personas registradas.
Esta medida representa una oportunidad significativa para miles de personas con ascendencia italiana que deseen establecerse en Italia, en un contexto en el que el país europeo busca responder a la escasez de mano de obra y al envejecimiento de su población.
