Manifestación masiva frente a los edificios gubernamentales en Brasilia durante los disturbios del 8 de enero de 2023. (Foto: Instagram)
La Justicia argentina ha decidido extraditar a cinco ciudadanos brasileños condenados por el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil por su participación en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023. La decisión fue tomada este miércoles por el juez Daniel Rafecas, de la 3ª Vara Federal de Buenos Aires, en respuesta a una solicitud del ministro Alexandre de Moraes.
Los implicados —Ana Paula de Souza, Wellington Firmino, Rodrigo de Freitas, Joelton Gusmão Oliveira y Joel Borges Corrêa— fueron detenidos a finales de 2024 en territorio argentino, tras haber huido de Brasil durante el proceso judicial. Aunque solicitaron asilo a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), no obtuvieron respuesta antes de ser arrestados.
La decisión del juez no entra en el fondo de las condenas, sino que evalúa si los delitos por los que fueron condenados en Brasil tienen equivalencia en el Código Penal argentino y si el proceso cumple con los requisitos del tratado de extradición bilateral. Los cinco fueron sentenciados a más de 14 años de prisión por crímenes como intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, destrucción de patrimonio protegido y asociación criminal armada.
El Conare, compuesto por representantes de los ministerios del Interior, Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores, aún debe pronunciarse sobre la concesión o negativa del asilo, aunque la sentencia ya haya sido dictada. La decisión final sobre la extradición recaerá en el presidente argentino, Javier Milei.
Cabe destacar que una reforma legal realizada en Argentina en octubre de 2024 impide conceder refugio a personas condenadas por delitos graves, como terrorismo o violaciones de derechos humanos. Esto ha permitido una mayor cooperación con Brasil en estos casos. En junio, el gobierno argentino ya había remitido a Brasil una lista con los nombres de los solicitantes de asilo.
Las defensas de los acusados aún pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema de Argentina, última instancia judicial del país.
