En una medida que ha generado una ola de indignación internacional, el Parlamento de Irak aprobó a principios de 2025 una reforma a la Ley de Estado Civil que permite el matrimonio de niñas a partir de los 9 años, en determinadas circunstancias dictadas por tribunales religiosos. La decisión ha sido duramente criticada por activistas de derechos humanos, quienes la consideran un retroceso alarmante en la protección de mujeres y niñas.
La nueva legislación otorga mayor poder a los tribunales islámicos bajo la doctrina Ja’afari, permitiéndoles decidir sobre matrimonios, divorcios y custodias. Esto, según numerosos críticos, abre la puerta a la normalización de matrimonios forzados e infantiles. La preocupación es aún mayor considerando que, antes de la reforma, alrededor del 28% de las niñas iraquíes ya se casaban antes de cumplir los 18 años.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado la ley como una “legalización del abuso infantil” y un grave retroceso en los derechos humanos en Oriente Medio. La experta Sarah Sanbar advirtió que la norma convierte a las niñas en objetos, exponiéndolas a violencia, embarazos precoces, abandono escolar y pobreza.
Los efectos sobre la salud también son motivo de alarma. Según la Organización Mundial de la Salud, los embarazos en adolescentes representan una de las principales causas de mortalidad materna y fetal, especialmente en contextos vulnerables como el iraquí. Además del impacto físico, se suma el daño psicológico y social: niñas que aún juegan o asisten a la escuela son obligadas a asumir el rol de esposas, muchas veces sin posibilidad de defensa o apoyo. Una exvíctima declaró: “Lo que llaman matrimonio era violencia disfrazada”.
El gobierno iraquí defiende la reforma argumentando que la ley refleja valores culturales y religiosos locales. Sin embargo, expertos advierten que esta alianza entre Estado y religión socava los derechos legales, revierte décadas de avances en igualdad de género y establece un peligroso precedente para otros países de la región. La presión internacional y local ahora se concentra en revocar o modificar la normativa antes de que más vidas infantiles sean sacrificadas en nombre de la tradición.
