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Haití se hunde en el caos por las bandas y la intervención externa

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La violencia de las bandas ha dejado miles de muertos y desplazados en Haití. Entre enero y septiembre de 2026, al menos 4.595 personas murieron y 2.050 resultaron heridas, según la ONU. (Foto: Instagram)

La familia de Roudy Joseph, activista haitiano refugiado en España, vive en Plaine du Cul-de-Sac, en la periferia de Puerto Príncipe. Las bandas que se disputan el territorio invadieron la casa de su padre, secuestraron a personas y quemaron viviendas, dejando a muchos desplazados. La población intenta mantener su vida cotidiana entre el temor a los grupos armados y el riesgo de quedar atrapada en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Entre enero y septiembre de 2026 murieron al menos 4.595 personas y 2.050 resultaron heridas en Haití, según la ONU. También se documentaron 1.497 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Desde 2022, más de 22.000 personas han muerto y alrededor de 1,5 millones han tenido que abandonar sus hogares. La inseguridad ha obligado a aplazar las elecciones hasta julio de 2027 y dificulta el acceso a la sanidad, el agua potable y los alimentos.

El investigador del CIDOB Salvador Martí califica Haití de «epítome de un Estado fallido» y de gran fracaso de la política internacional y doméstica en América. El país, nacido de una revolución de esclavos, arrastra décadas de corrupción, gobiernos autocráticos, intervenciones extranjeras y catástrofes naturales. Martí sitúa el inicio del deterioro continuado en 1991-1992, cuando un golpe de Estado interrumpió la primera presidencia de Jean Bertrand Aristide. Tras el terremoto de 2010 y la epidemia de cólera, Haití celebró elecciones en 2016: ganó Jovenel Moïse, del partido Tet Kalé, asesinado en 2021 por mercenarios colombianos que se hicieron pasar por agentes antidrogas estadounidenses. La sucesión de gobiernos transitorios dejó un vacío de poder.

Las élites políticas y económicas habían recurrido a grupos armados desde la dictadura de la familia Duvalier (1957-1986), pero las bandas se emanciparon de sus patronos tras el asesinato de Moïse. Viv Ansanm, coalición de las antiguas enemigas G9 y G-Pep, es el grupo más poderoso. Formada en 2024 bajo el mando del expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, tendría entre 12.000 y 20.000 miembros, según el International Crisis Group. A comienzos de 2024 controló buena parte de Puerto Príncipe, incluido el aeropuerto, y forzó la dimisión del primer ministro. También operan Gran Grif, dirigida por Luckson Elan, alias General Luckson, y 400 Mawozo, encabezada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou.

Las bandas recurren al robo, la extorsión y el contrabando, y atacan a civiles por colaborar con las fuerzas de seguridad, negarse a pagar o quedar en medio de disputas territoriales. En Cité Soleil decapitaron a 19 personas, entre ellas 12 mujeres mayores; dos ataques en Kenscoff, en julio y agosto, causaron 105 muertos, incluidos 19 niños. La analista de ACLED María Fernanda Arocha advierte de que, en zonas densamente pobladas y durante operaciones con apoyo aéreo, es difícil distinguir a los pandilleros de la población civil.

A los 13.000 agentes de la Policía Nacional y unos 1.400 miembros de las Fuerzas Armadas se sumó en 2025 la empresa privada Vectus Global, creada por Erik Prince, fundador de Blackwater. Una misión multinacional liderada por Kenia y respaldada por la ONU se retiró en marzo de 2026 sin avances. La Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) prevé alcanzar 5.500 efectivos, pero hasta ahora ha desplegado 1.500 de nueve países, entre ellos Sri Lanka, Chad, Guatemala y El Salvador. Aunque ha logrado algunos éxitos, las bandas recuperan territorio y reclutan niños; las operaciones también causan víctimas civiles.

Tras la desaparición de cuatro integrantes salvadoreños de la GSF en octubre, el presidente Nayib Bukele envió 2.000 militares en una operación independiente, respaldada por parte de la población y cuestionada por ONG y observadores por la falta de un marco legal claro y las dudas sobre sus intenciones. Arocha sostiene que Bukele busca proyectarse como líder regional contra el crimen organizado y reforzar esa imagen antes de las elecciones salvadoreñas de febrero de 2027. Salvador Martí también plantea que podría querer estrechar la relación con Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, negó la implicación de su país y pidió coordinar a las fuerzas salvadoreñas, la GSF y las haitianas.

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