
Cinco países europeos proponen abrir en Ruanda un centro piloto para personas adultas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. (Foto: Instagram)
Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos quieren crear en Ruanda un centro para personas adultas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que no puedan ser devueltas a sus países de origen. Los promotores lo llaman «centro de retorno», mientras que Ruanda lo denomina «centro de acogida». La Comisión Europea ha valorado la iniciativa como un enfoque innovador que podría contribuir a combatir la migración irregular.
Los países prevén iniciar las primeras deportaciones en 2027 y plantean el centro, con capacidad aproximada para 100 personas, como un proyecto piloto. La cifra contrasta con las 669.365 solicitudes de asilo recibidas por la UE en 2025. Sus impulsores sostienen que la medida enviaría un mensaje a las redes de tráfico de personas. Según las autoridades europeas, el centro sería abierto y, durante las primeras semanas, los migrantes recibirían formación lingüística y profesional para facilitar su integración en la sociedad ruandesa.
Jacob Funk Kirkegaard, investigador sénior del centro de estudios Bruegel, en Bruselas, cree que los gobiernos buscan un efecto disuasorio: transmitir que quienes no cumplan los requisitos para obtener asilo serán deportados y no podrán quedarse en la Unión. El plan se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria europea, impulsado también por el avance de la extrema derecha. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha defendido una cultura mayoritaria fuerte y los valores daneses y europeos. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni acordó en 2023 trasladar a Albania a migrantes interceptados en alta mar, pero el centro de Gjadër lleva casi dos años prácticamente vacío por problemas judiciales.
La iniciativa ha suscitado críticas jurídicas, prácticas y humanitarias. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron han expresado rechazo o escepticismo, mientras que Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ACNUR han advertido sobre sus posibles consecuencias para los derechos humanos. Las normas acordadas por el Consejo de la Unión Europea en octubre permiten devolver a personas a centros situados fuera de la UE, pero exigen que el país receptor respete el Derecho internacional y el principio de no devolución. Esa condición podría convertirse en el principal obstáculo del proyecto.
La incertidumbre también se relaciona con el historial de derechos humanos de Ruanda, gobernado desde hace 26 años por Paul Kagame. Kirkegaard señala que los Estados de la UE deben cumplir la Convención de Naciones Unidas sobre los Refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y comprobar que no se producen malos tratos. Añade que Ruanda registra represión política y que los gobiernos europeos deben garantizar que las personas trasladadas no sean perseguidas. Los tribunales podrían dictar medidas cautelares para detener los procedimientos mientras se resuelven los litigios.
Soraya Aybar, periodista y directora de África Mundi, explica que Ruanda se ha presentado durante años como socio estratégico de países occidentales y ha convertido la gestión migratoria en una herramienta de influencia diplomática. En 1994, el genocidio dejó 800.000 víctimas tutsis asesinadas por hutus. Tras la rebelión liderada por Kagame, que recuperó Kigali, numerosos hutus huyeron a la República Democrática del Congo. Desde entonces, Ruanda ha tratado de influir en territorios congoleños y ha sido vinculada al apoyo al Movimiento M23, cuya actividad en el este de la RDC ha provocado desplazamientos de millones de personas.
El país recibe más de mil millones de dólares anuales de Ayuda Oficial al Desarrollo y la Inversión Extranjera Directa representó el 6% de su PIB en 2025. Sin embargo, el poder está concentrado en Kagame y su partido, el Frente Patriótico Ruandés, que superó el 99% de los votos en las elecciones de 2024. Freedom House le asigna 21 puntos sobre 100 en libertades civiles. Reino Unido pactó un acuerdo migratorio con Ruanda en 2022, pero su Tribunal Supremo lo declaró ilegal un año después por la inseguridad de los migrantes; nunca llegó a aplicarse y Keir Starmer criticó su coste. Ruanda también mantiene un acuerdo con Estados Unidos para acoger a migrantes deportados por el ICE.


