
La Diputación Permanente del Congreso convalida el decreto que amplía la protección social. (Foto: Instagram)
La Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles, por 63 votos a favor y seis en contra —todos de Vox—, el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. La norma permite que los progenitores de personas con cáncer u otras enfermedades graves sigan percibiendo la prestación CUME cuando el causante supere los 26 años, si tiene una discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grado III. También facilita el acceso a la pensión de viudedad a parejas con hijos en común y mejora la protección por patologías vinculadas a la menopausia, violencia machista y catástrofes.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la urgencia del decreto por la protección que ofrece a familias vulnerables. Afirmó que las emergencias y catástrofes no avisan y que la respuesta pública debe ser urgente. PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Esquerra Republicana respaldaron el texto. PP y Vox criticaron que se aprobara tras la convocatoria electoral. La diputada popular Mercedes González reprochó que se tramitara al margen del Pacto de Toledo y acusó al Ejecutivo de abusar de los reales decretos. Ricardo Chamorro, de Vox, cuestionó que las medidas llegaran a diez días de las elecciones y reclamó explicaciones a las familias afectadas.
La CUME se amplía a progenitores, guardadores o acogedores cuando la persona cuidada mayor de 26 años tenga dependencia de grado III o una discapacidad de al menos el 65%. Además, ambos progenitores podrán cobrar la prestación, de forma simultánea o alternativa. El subsidio equivaldrá al 50% de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias profesionales y no dependerá del porcentaje de reducción de jornada. Hay unos 19.650 procesos vigentes, con una duración media de 666 días; la mayoría de las prestaciones reconocidas corresponden a mujeres. La ayuda compensa la pérdida de ingresos de quien reduce su jornada al menos un 50%.
El decreto incorpora dos situaciones especiales de incapacidad temporal: las patologías limitantes por trastornos menopáusicos y las lesiones de mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género que les impidan trabajar. No se exige periodo de carencia y la protección se aplica desde el día posterior a la baja. La prestación será del 60% de la base reguladora hasta el día 20 y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario del día de la baja y la Seguridad Social pagará desde el siguiente. También podrán aprobarse medidas de protección para afectados y familiares en catástrofes o accidentes, con cobertura equiparada a la derivada de accidente laboral. La disposición alude a la pandemia de covid-19, la dana y los accidentes de Adamuz o Urda.
Para las parejas de hecho con hijos en común se elimina la obligación de presentar el registro formal: bastará con acreditar la convivencia y la existencia de hijos. Quienes perdieron a su pareja antes del cambio legal tendrán un año para solicitar la pensión, si reúnen los requisitos. La orfandad por el fallecimiento de una mujer víctima de violencia contra la mujer se elevará al doble del SMI vigente. También se incrementarán hasta ese importe las pensiones extraordinarias de la Seguridad Social por actos terroristas. Además, se equipararán las indemnizaciones a víctimas del terrorismo con y sin sentencia penal, por lesiones incapacitantes o fallecimiento.
La prestación por nacimiento y cuidado de menor se extiende a progenitores del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que tendrán derecho a 19 semanas. Por último, el Fondo del Pago de Alimentos elevará el anticipo máximo por beneficiario de 100 a 300 euros mensuales. El plazo de percepción podrá prolongarse hasta que se extinga la obligación alimentaria, con el límite de los 18 años del beneficiario.


