El expresidente Santiago Peña fue detenido la noche del viernes 6 de noviembre por orden judicial, según informaron medios de comunicación paraguayos. La Policía Nacional lo arrestó en su domicilio, en Asunción, poco después de que el Senado aprobara por unanimidad su destitución mediante un juicio político.
La Justicia señaló que había indicios de abuso de confianza y de otros posibles delitos relacionados con el escándalo bancario que ha sacudido Paraguay esta semana. La Fiscalía abrió una investigación contra Peña después de que parlamentarios de la oposición presentaran una denuncia en la que lo acusaban de enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, corrupción y fraude administrativo. Se trata de acusaciones y sospechas que forman parte de las pesquisas, no de delitos cuya comisión haya quedado acreditada en la información publicada.
Peña, de 47 años, fue elegido presidente en 2023. Hasta marzo de 2025 había sido accionista de una empresa vinculada a Ueno Bank. Después de su llegada al Gobierno, la entidad financiera recibió depósitos de organismos públicos por un importe que alcanzó los 850 millones de dólares, equivalentes a unos 731 millones de euros, según un cambio orientativo de 0,86 euros por dólar.
El Banco Central de Paraguay disolvió Ueno Bank el martes 3 de noviembre, después de considerar que la entidad era insolvente, es decir, que no disponía de fondos suficientes para cumplir sus compromisos financieros. La decisión dio paso a un procedimiento de resolución. En medio de la crisis, la Fiscalía solicitó que se abriera una investigación penal sobre la institución y pidió la detención de algunos de sus directivos.
Las pesquisas también incluyen sospechas sobre la gestión del banco y sobre préstamos concedidos a empresas relacionadas con el grupo que lo controlaba. Según la información difundida, esas operaciones podrían haber comprometido el patrimonio de la entidad. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, que ocupaba el cargo desde 2023 y había presidido Ueno Bank antes de asumir la autoridad monetaria, presentó su dimisión.
La crisis afectó también a Peña, que se convirtió en objetivo de una iniciativa de juicio político. Antes de que el Senado cerrara la sesión en la que aprobó por unanimidad su destitución, el entonces presidente publicó en redes sociales un mensaje de despedida. En él aseguró que había decidido renunciar para evitar nuevos perjuicios al país y sostuvo que su permanencia en el cargo podía contribuir a una mayor división y a la inestabilidad política.
Peña afirmó que presentó su renuncia con el propósito de ayudar a devolver la tranquilidad a Paraguay. También pidió unidad entre los ciudadanos para reconstruir las instituciones y recuperar la confianza de la población. «Presenté mi renuncia para evitar más daños al país y contribuir a devolver la tranquilidad a Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de una mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», escribió.
En la misma publicación, dijo que dejaba el cargo con gratitud, aunque reconoció la preocupación de la población ante la crisis. «Me despido con gratitud, sin ignorar la angustia de quienes hoy esperan respuestas», declaró. La petición de renuncia que había presentado ante el Congreso no fue aceptada. Tras la aprobación del juicio político, Peña fue destituido y perdió la inmunidad política. La detención se produjo después de esa decisión parlamentaria y por orden de la Justicia, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso bancario.
