El magistrado federal Luis Antonio Johonsom Di Salvo afirmó que una medida cautelar concedida por otra magistrada del Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región (TRF-3) a favor de una empresa de apuestas «desorganizó la máquina pública». La declaración figura en la resolución con la que el presidente de ese tribunal suspendió los efectos de la medida que beneficiaba a CDA Gaming Ltda.
La decisión se adoptó el viernes 6 de noviembre. La resolución suspendida había restablecido provisionalmente la autorización de la empresa para operar en el mercado de las apuestas. La actuación del presidente del TRF-3 afecta, según la información publicada, a los efectos de esa medida cautelar en el caso de CDA Gaming.
En su resolución, Di Salvo argumentó que mantener la medida podía generar un «escenario de inestabilidad normativa». También advirtió de un «potencial efecto multiplicador»: otras empresas podrían acudir a los tribunales y obtener decisiones semejantes. El magistrado relacionó esa posibilidad con el impacto que, a su juicio, tendría la repetición de resoluciones de este tipo sobre la aplicación de las reglas vigentes.
El presidente del tribunal mencionó asimismo el riesgo de un «colapso práctico» de las políticas públicas. Para fundamentar su análisis, aludió a la Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño (LINDB). Según señaló, las reglas que permiten suspender medidas cautelares pretenden evitar que decisiones judiciales, aunque se apoyen en argumentos jurídicos válidos, produzcan consecuencias de ese alcance.
La resolución no presenta la controversia como una cuestión ya resuelta de forma definitiva. Lo que aborda es la vigencia de una medida provisional favorable a la empresa y los efectos que podría producir mientras continúa la discusión jurídica. En este tipo de actuaciones, la suspensión de los efectos de una decisión cautelar no equivale por sí sola a un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto.
Di Salvo añadió que la controversia relacionada con las apuestas y con la Medida Provisional n.º 1.394/2026 está sometida al Supremo Tribunal Federal (STF). A partir de esa circunstancia, sostuvo que resulta «inconveniente para el orden público que las instancias inferiores anticipen entendimientos» sobre la cuestión. La referencia al STF forma parte de los motivos expuestos para justificar la suspensión.
La decisión aceptó una petición de la Unión para que los efectos de una suspensión concedida anteriormente por la Presidencia del TRF-3 se aplicaran también al caso de CDA Gaming. Por tanto, la resolución trasladó al expediente de esta empresa los efectos de aquella suspensión, que ya había sido acordada por la presidencia del tribunal.
El asunto reúne así dos planos procesales: por una parte, la autorización provisional que CDA Gaming había logrado restablecer; por otra, la decisión posterior de suspender los efectos de esa medida a petición de la Unión. La resolución del presidente del TRF-3 se centra en las posibles consecuencias institucionales de mantener vigente la cautelar y en que la discusión general sobre las apuestas y la medida provisional citada está pendiente ante el Supremo.
