La Justicia Federal rechazó la acción por improbidad administrativa presentada contra Jair Bolsonaro y su antigua asesora parlamentaria Walderice Santos da Conceição, conocida como Wal do Açaí. El juez federal Rodrigo de Godoy, de la 6.ª Sala Civil del Distrito Federal, consideró que no había pruebas suficientes para demostrar que Walderice hubiera sido contratada como empleada fantasma con el fin de prestar servicios particulares al entonces diputado federal.
El Ministerio Público Federal (MPF) había solicitado que ambos fueran condenados por improbidad administrativa y que se ordenara la devolución de fondos públicos. La cantidad reclamada era de 280.200 reales brasileños, equivalentes, de forma orientativa, a unos 45.194 euros, tomando como referencia un cambio de 1 euro por 6,20 reales. El juez rechazó esas peticiones al concluir que las pruebas reunidas no acreditaban una contratación fraudulenta ni un desvío de dinero público.
Walderice trabajó como secretaria parlamentaria en la Cámara de los Diputados entre febrero de 2003 y agosto de 2018. Según la acusación del MPF, no habría desempeñado las funciones propias del puesto y habría cobrado un salario público por ocuparse de una vivienda de vacaciones de Bolsonaro y de sus animales domésticos en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro.
La investigación también señaló que la antigua asesora regentaba un establecimiento llamado Wal Açaí, situado en la Vila Histórica de Mambucaba, y que no viajaba a Brasilia para cumplir sus tareas parlamentarias. La sentencia, sin embargo, valoró las declaraciones recogidas durante la investigación y el proceso judicial y concluyó que Walderice actuaba como enlace entre los habitantes de la zona y el gabinete de Bolsonaro.
El juez recordó que las normas de la Cámara de los Diputados permiten que los secretarios parlamentarios trabajen fuera de Brasilia, dentro del estado por el que fue elegido el parlamentario. También indicó que desarrollar una actividad comercial privada no resulta, por sí mismo, incompatible con las funciones de asesoría parlamentaria.
La resolución describe la actividad de Walderice como «no ortodoxa», informal y carente de la estructura de una oficina tradicional. No obstante, el magistrado sostuvo que esas características no bastaban para negar que hubiera prestado servicios ni para concluir que existió una simulación o improbidad administrativa.
Entre los elementos considerados figuraron las declaraciones de la propia Walderice, quien explicó que participaba en reuniones de asociaciones vecinales y trasladaba a Bolsonaro las demandas de los residentes relacionadas con problemas de abastecimiento de agua y seguridad pública. También se tuvo en cuenta el testimonio de Edenilson Nogueira Garcia, compañero de la antigua asesora. Según su declaración, Walderice hablaba con los vecinos para conocer sus problemas y transmitir la información al entonces diputado.
A juicio del magistrado, esos relatos indicaban que la asesora realizaba tareas de apoyo político y comunitario, aunque de manera informal. La sentencia reconoce que existían deficiencias en la acreditación formal de la jornada semanal de 40 horas atribuida a la empleada. Sin embargo, considera que esas irregularidades podían constituir fallos administrativos, pero no demostraban por sí solas que la contratación hubiera sido fraudulenta.
La Justicia examinó asimismo los movimientos bancarios de Walderice. El MPF sostuvo que el 83,77 % de las cantidades ingresadas en su cuenta se retiró en efectivo y señaló que se habían producido retiradas fraccionadas. El juez entendió que los informes de inteligencia financiera no acreditaban que se hubiera transferido dinero a Bolsonaro ni que existiera un sistema de desvío de fondos públicos.
Por último, la resolución consideró que los reintegros en efectivo eran compatibles con las condiciones de la comunidad en la que vivía Walderice, que, durante el periodo analizado, no disponía de servicios bancarios presenciales. Esa circunstancia se valoró junto con el resto de las pruebas, sin que los movimientos financieros permitieran demostrar las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Federal.
