São Paulo.— El abogado y suplente Manoel Del Rio (PT) ocupó este miércoles, 4 de noviembre, el escaño que correspondía al concejal Senival Moura (PT) en la Cámara Municipal de São Paulo. La sustitución se produce después de que Moura fuera enviado a prisión preventiva por su presunta implicación en una trama relacionada con el transporte público de la capital y con el Primeiro Comando da Capital (PCC).
Moura solicitó una licencia de 31 días para «tratar asuntos particulares». La petición se leyó durante la sesión del martes 3 de noviembre y tiene efectos retroactivos desde el 29 de octubre, un día después de su detención. La licencia abre temporalmente el puesto a Del Rio, que era el primer suplente de la lista. La ocupación del escaño por parte de un suplente permite cubrir la ausencia de un concejal durante el periodo indicado, sin que ello signifique por sí mismo una resolución sobre las acusaciones que afectan al titular.
Del Rio tenía previsto asumir el mandato en febrero del próximo año, en sustitución de Luna Zarattini, que tomará posesión de un escaño en la Cámara de los Diputados. El abogado ya había ocupado temporalmente un puesto en el Legislativo municipal de São Paulo durante 30 días en 2018 y volvió a tomar posesión en 2023. En las elecciones de 2024 quedó como suplente por el Partido de los Trabajadores.
Moura ya había sido detenido el 25 de junio, durante una operación conjunta del Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado (Deic) y el Ministerio Público de São Paulo (MPSP). El 5 de agosto, sin embargo, quedó en libertad por decisión de la jueza de apelación Carla Rahal Benedetti, de la 11.ª Sala Penal del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP).
Las pesquisas apuntaron a que el concejal sería el «propietario oculto» de Transunião y habría actuado en operaciones de blanqueo de dinero para el PCC. Según informes elaborados por el Deic, existía un núcleo paralelo que tomaba decisiones sobre la empresa de transporte público de la capital paulista y que, de acuerdo con la investigación, habría utilizado la compañía para lavar dinero de la organización criminal.
En el marco de la causa, la Justicia ordenó el secuestro y el bloqueo de activos vinculados a los investigados. La medida afectó a cuentas bancarias por un valor de 194 millones de reales, equivalentes a unos 31,3 millones de euros, y también a 117 vehículos, 21 inmuebles y tres embarcaciones. Entre los inmuebles figura una finca de alto nivel en el sur del estado de Minas Gerais. La conversión monetaria es aproximada y toma como referencia 1 euro por cada 6,20 reales.
La investigación sobre la presunta presencia del PCC en la empresa de transporte comenzó durante las pesquisas por la muerte de Adauto Jorge, antiguo director financiero de Transunião, en 2025. Los investigadores reunieron indicios que, según la causa, apuntarían al uso de la concesionaria en un esquema de la organización. En ese momento, el PCC habría obtenido más de 300 millones de reales del sistema de transporte de São Paulo, una cantidad superior a unos 48,4 millones de euros, con la misma conversión aproximada.
Moura fue detenido por segunda vez el 28 de octubre, después de que el informe final de la investigación llegara a la Justicia. La Policía Civil y el MPSP solicitaron la prisión preventiva de los cinco objetivos iniciales y pidieron incorporar a otras dos personas. Además del concejal, entre los detenidos figuran Lourival de França Monário, Jair Ramos de Freitas, Osiel Bernardino Pinto y Fábio Fernandes de Souza. Estos dos últimos fueron incluidos recientemente, después de que la Policía Civil presentara el atestado de la investigación ante la Justicia. Devanil Sousa Nascimento y Leonel Moreira Martins están considerados prófugos.
La defensa de Moura niega que tenga vínculos con una organización criminal o que haya participado en un esquema de blanqueo de dinero. También ha anunciado que adoptará las medidas judiciales pertinentes para cuestionar la necesidad y la legalidad de la prisión. El abogado Marcio Sayeg sostiene que la solicitud de detención carece de una fundamentación concreta suficiente. «La prisión preventiva no puede representar una anticipación de la pena ni derivarse automáticamente de la gravedad de las acusaciones», declaró.
En una nota, la defensa añadió que el concejal mantiene su declaración de inocencia y confía en que la verdad se esclarezca durante el proceso. La prisión preventiva es una medida cautelar adoptada antes de una sentencia definitiva y, por tanto, no equivale a una condena. Las acusaciones y los indicios mencionados en la investigación deberán ser examinados en el procedimiento judicial.
