La Policía Federal (PF) investiga a una organización criminal sospechosa de mover más de 123,5 millones de euros en una trama interestatal de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Este jueves 5 de noviembre, la corporación puso en marcha la Operación Cravos con el objetivo de desarticular el grupo. La actuación incluye 25 órdenes de prisión preventiva y otras 25 de registro e incautación en cinco estados.
Según las pesquisas, la organización coordinaba la logística, la financiación y el transporte de estupefacientes entre estados de las regiones Norte y Sudeste de Brasil. La investigación se centra tanto en el traslado de drogas como en las operaciones económicas que, de acuerdo con las sospechas policiales, servían para gestionar y ocultar los beneficios derivados de esas actividades.
Durante las actuaciones, los agentes se incautaron de un cargamento de 6,8 kilos de skunk relacionado con los investigados. La droga fue localizada en el curso de las pesquisas y su vínculo con las personas investigadas forma parte de los elementos reunidos por la Policía Federal. El material intervenido y los demás indicios se enmarcan en una investigación que abarca distintas localidades y varios estados.
Los investigadores también detectaron un mecanismo de blanqueo destinado a ocultar y disimular recursos procedentes de la actividad criminal. Para dificultar el seguimiento del dinero, el grupo recurría presuntamente a personas físicas y jurídicas interpuestas, a través de las cuales movía grandes cantidades. El uso de intermediarios puede complicar la identificación del origen y del destino de los fondos, por lo que el análisis de las operaciones financieras forma parte de las diligencias descritas por las autoridades.
La operación cuenta con autorización de la Vara de Delitos de Organizaciones Criminales de la comarca de Rio Branco, dependiente del Tribunal de Justicia del estado de Acre. La Justicia ordenó el secuestro de tres inmuebles, la incautación de 37 vehículos y el bloqueo judicial de fondos por un valor máximo equivalente a unos 123,5 millones de euros. Estas medidas patrimoniales se suman a las órdenes de prisión preventiva y de registro e incautación.
Las diligencias se llevaron a cabo simultáneamente en 13 municipios de cinco estados. En Acre, los agentes actuaron en Epitaciolândia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Brasiléia y Rio Branco. En el estado de Rondônia, las actuaciones tuvieron lugar en Porto Velho, Guajará-Mirim y Ariquemes. También se realizaron registros en Elesbão Veloso, en Piauí; Caldas Novas, en Goiás; Rondonópolis, en Mato Grosso; Gurupi, en Tocantins, y Juiz de Fora, en Minas Gerais.
Las personas investigadas podrían responder por tráfico de drogas, asociación para el tráfico, organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación trata de establecer las funciones atribuidas a cada una y de aclarar la relación entre el transporte de estupefacientes y el movimiento de los recursos. Las órdenes judiciales autorizan las medidas previstas en la operación, pero las sospechas deberán ser examinadas dentro del procedimiento correspondiente.
