El diputado federal André Janones, del partido Avante por el estado de Minas Gerais, movilizó a sus 10,5 millones de seguidores en WhatsApp para difundir el canal de denuncias del Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil. La iniciativa busca que las víctimas y los testigos comuniquen casos de violencia e intimidación contra comunidades indígenas, después de que se registraran amenazas tras la reelección del presidente Lula.
En el estado de Mato Grosso do Sul, integrantes de los pueblos guaraní y kaiowá denunciaron amenazas de muerte e incluso la posibilidad de que se envenenara el agua que consumen sus comunidades. Hasta el miércoles 28, el Gobierno había identificado 45 episodios de violencia con posible motivación política en el país, con 47 víctimas. De los diez asesinatos incluidos en ese recuento preliminar, tres víctimas eran indígenas.
La movilización se produjo después de que el Gobierno federal anunciara una operación conjunta de tres ministerios y pidiera a la Policía Federal que investigara amenazas, agresiones y denuncias de homicidios contra indígenas. Los hechos denunciados se habrían producido después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el domingo 25.
Janones difundió la iniciativa en las redes sociales y recibió el respaldo de perfiles que habían participado en la movilización digital a favor de la reelección de Lula. Una publicación de la cuenta 342amazonia que compartió la convocatoria superó los 139.000 «me gusta» y acumuló decenas de miles de compartidos, según las cifras que aparecían en la propia publicación.
El mensaje pide a los seguidores que difundan el canal de denuncias para que llegue al mayor número posible de personas, especialmente a las comunidades indígenas que se encuentran bajo amenaza. El objetivo es hacer más conocidos los medios disponibles para que las víctimas y los testigos puedan comunicar los hechos y solicitar la actuación de las autoridades. La convocatoria también permite que las denuncias las presente cualquier persona que tenga conocimiento de una posible vulneración, aunque no haya sido víctima directa.
Uno de los casos denunciados tuvo lugar en Tacuru, en Mato Grosso do Sul. Unos audios atribuidos a empleados municipales sugerían envenenar el agua utilizada por comunidades indígenas, supuestamente como represalia por el resultado de las elecciones presidenciales. El ayuntamiento apartó de sus puestos a los empleados mencionados y abrió un procedimiento administrativo. El Ministerio Público Federal también comenzó a investigar las denuncias y pidió información sobre las medidas adoptadas para proteger a las comunidades.
Además de esos audios, se han denunciado atropellos intencionados, amenazas de muerte, intimidaciones e intentos de impedir que indígenas votaran. El Consejo Indigenista Misionero (Cimi) señaló que al menos cinco muertes de indígenas en la región estaban siendo investigadas. La posible relación entre esos crímenes y el resultado electoral todavía debe esclarecerse.
Los ministerios de los Pueblos Indígenas, de Derechos Humanos y Ciudadanía y de Igualdad Racial trabajan conjuntamente para recopilar las denuncias, identificar a los sospechosos y remitir cada caso a los organismos competentes. El ministro de los Pueblos Indígenas, Eloy Terena, afirmó que se había designado un equipo para recibir los relatos y darles curso. Según explicó, algunos de los casos enviados a la Policía Federal ya han dado lugar a la apertura de investigaciones.
La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) también sigue la situación, mantiene el contacto con los líderes indígenas y trabaja coordinadamente con el Ministerio Público Federal. En un comunicado, los tres ministerios afirmaron que las discrepancias políticas no justifican la violencia, la intimidación ni las amenazas contra la vida de quienes piensan de manera distinta.
Las personas que tengan conocimiento de amenazas, agresiones, discriminación u otras vulneraciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas pueden presentar una denuncia, aunque no sean las afectadas directamente. El canal difundido por el Ministerio de los Pueblos Indígenas es el **(11) 982025433**. También se puede recurrir al **Disque 100**, el servicio oficial del Gobierno federal, gratuito y disponible las 24 horas del día, incluidos fines de semana y festivos.
La Defensoría Nacional de Derechos Humanos recibe denuncias por WhatsApp en el **(61) 99611-0100**. Asimismo, está disponible la plataforma Fala.BR y el Ministerio de los Pueblos Indígenas atiende comunicaciones a través de su servicio de atención, en el correo **mpi.ouv@povosindigenas.gov.br**. Las denuncias pueden ser anónimas y reciben un número de protocolo para su seguimiento; después, se remiten a los organismos responsables de investigarlas. El Gobierno indicó que continuará haciendo seguimiento de los episodios de violencia política, mientras la Policía Federal y el Ministerio Público investigan quiénes están detrás de las amenazas.
