La Cámara Municipal de São Paulo aprobó este miércoles, 4 de noviembre, en segunda votación, un polémico proyecto de ley que prevé una subida salarial de hasta el 57 % para los auditores de la Contraloría General del Municipio (CGM). La propuesta, presentada por la administración de Ricardo Nunes, del MDB, ha recibido críticas por dejar fuera a una categoría considerada equivalente, la de los analistas de políticas públicas, y por conceder el aumento a empleados de un organismo cuya productividad ha sido cuestionada desde que Daniel Falcão asumió el cargo de contralor, en 2022.
En septiembre, la columna de Demétrio Vecchioli informó de que la CGM había elaborado un solo informe en 2026, otro en 2025 y dos en 2024. Como referencia, en 2019 se publicaron 30 informes de auditoría y 15 notas técnicas. La información también indicaba que otros documentos que podrían haberse preparado durante los dos últimos años no se habían hecho públicos.
La concejala Janaína Paschoal, del PP y considerada parte de la base de apoyo de Nunes, votó en contra del aumento. Sostuvo que la subida para los auditores es totalmente desproporcionada en comparación con cualquier otra concedida durante el mandato y expresó su descontento con el trabajo de la CGM. A su juicio, los servicios prestados no justifican el reconocimiento salarial, porque no observa una actuación que esté a la altura de ese incremento.
La viceportavoz del PP explicó que ha presentado denuncias ante la Contraloría, pero que no ve avances en las investigaciones. Entre los casos mencionó una denuncia, consultada por la columna, sobre la contratación de espectáculos con honorarios que, según ella, no se corresponden con la trayectoria del artista.
Paschoal afirmó que había comprobado que los espectáculos se anuncian después de celebrarse y que, antes de las actuaciones, no se difunden adecuadamente para que la población pueda informarse y asistir. Dijo que remitió el asunto a la Contraloría y señaló otros casos que considera más problemáticos, entre ellos gastos de SPTuris relacionados con montajes. Según la concejala, se abrió un procedimiento, pero ella, en calidad de representante, dejó de tener acceso porque el expediente pasó de inmediato a ser confidencial.
También relató que, entre el martes y el miércoles, se decidió trasladar el procedimiento de la Contraloría a la Secretaría de Hacienda. Paschoal criticó esa decisión porque, según indicó, no se tuvieron en cuenta aspectos que deberían investigarse en secretarías ajenas a Hacienda. Estas afirmaciones corresponden a la versión expuesta por la concejala sobre el caso.
Desde que presentó el proyecto, aprobado en segunda votación este miércoles, el Ayuntamiento ha recibido presiones de los APPGG, sigla de los analistas de políticas públicas y gestión gubernamental. Esta categoría considera que la diferencia salarial con los auditores municipales de control interno (AMCI) puede alcanzar hasta unos 2.400 euros al mes. La conversión es orientativa y toma como referencia 1 euro por cada 6,25 reales brasileños. A esa diferencia se suma una bonificación mensual de unos 320 euros, también calculada con ese cambio, que perciben exclusivamente quienes trabajan en la CGM.
Las dos carreras se crearon durante la administración de Fernando Haddad, del PT, en 2015, tomando como referencia puestos equivalentes del Gobierno federal brasileño, donde, según la información publicada, los salarios son iguales. En São Paulo, los primeros empleados de ambas categorías accedieron al servicio público mediante el mismo concurso. En aquel momento había una diferencia salarial de unos 3.700 reales, que se reducía a medida que los trabajadores avanzaban de nivel.
La propuesta aprobada modifica esa relación: los nuevos empleados de la Contraloría comenzarían con un salario superior al de analistas con diez años de carrera, sin contar la bonificación mensual de la CGM. Los partidos de la oposición habían dicho que apoyarían la subida de los auditores solo si también se incluía a los APPGG. Sin embargo, después de que la administración de Nunes se comprometiera públicamente a contemplar a los analistas de políticas públicas en 2027, tanto el PT como el PSB votaron a favor del proyecto. La bancada del PSOL votó en contra, al igual que los concejales Cris Monteiro, de Novo; Rubinho Nunes, de União; y Janaína Paschoal.
